¿Por qué la saña?

Los seres humanos, a lo largo de la historia, hemos desarrollado instituciones para facilitar y mejorar la vida en sociedad; una de esas instituciones es el Estado y la mayoría de los bolivianos creemos que el Estado es necesario (excepto para los anarquistas). Entre los principales roles del Estado está velar por la justicia y evitar los abusos que unos puedan cometer contra otros. ¿Pero qué pasa cuando el Estado no solo no cumple el rol de velar por la justicia, sino que se transforma en una institución promotora de injusticias y abusos? ¿Qué pasa cuando el Estado es capturado por un grupo “devaluado” (gansteril) dispuesto a todo por conservar y acrecentar su poder? He aquí algunos criterios.

Desde hace una década la justicia ha mostrado una peculiar forma de “disimular” su independencia frente al Estado, “marcha” a media máquina, o “acelerado” cuando de defender intereses del Gobierno se trata. Esta aceleración y “posesión” de la justicia por el Poder, se advierte cuando el Vice García Linera arremete, “sañudamente (furia, enojo ciego) contra medios de comunicación, tildándoles de “mafia mediática política que no tienen perdón y, por ello deberían ir a la cárcel, por conspiradores”, dice. Este exceso verbal es innecesario, excepto si el Vice tiene alguna “seguridad” como que hay “dependencia del órgano de justicia al Gobierno-Estado. Lo que evidencia, entre otros, el rechazo del tema: “independencia de la justicia” en la Cumbre Nacional de Justicia en Sucre el 11 y 12 de junio.

Ya es cotidiano, la celeridad jurisdiccional que contradice a casi todos los asuntos no oficiales y que demoran años en resolverse. Esta -casi- genuflexión de la justicia ante el Poder, permite “hurgar” lo privado de sus circunstanciales “enemigos” para atiborrarles con una andanada de juicios por todo y nada. De hecho, el caso más deplorable es el requerimiento del Juez 1° de Sentencia Penal Luis Gonzalo Yepes, a 4 medios de comunicación para que le presenten sus publicaciones y grabaciones sobre el caso Gabriela Zapata e identifiquen, al mismo tiempo, a los periodistas que la realizaron, ¿el Juez realmente desea hacer justicia a la (ex) pareja de Evo Morales; Sra. Zapata? Pero insiste, que el material solicitado es necesario como pruebas, para –forzadamente- mutar lo periodístico al área penal.

El epíteto: “mafia mediática política” y el requerimiento del Juez 1° de Sentencia Penal (y otros), defenestra la información periodística, y, con ella el Art. 107 de la CPE que dice: la información y las opiniones como principios se ejercen mediante normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de Comunicación. De facto, el Poder exime la libertad de expresión y la Ley de imprenta de 1925 y genera la susceptibilidad de que la justicia (corporativa) está “forzada” a cumplir la función de “amedrentar” a periodistas e incluso ciudadanos que, garantizados por la CPE, emiten opiniones de apoyo o rechazo a la forma de “actuar” del Estado. En consecuencia, la saña de “mafia mediática política”, o requerimientos de jueces, es preocupante ¿será que el Estado ha sido capturado por un grupo sin escrúpulos ni ética? ¿Es necesaria que el Estado aplique de la CPE selectivamente? ¿Es necesaria la persecución política y judicial a periodistas y ciudadanos descontentos con la forma de gobernar en democracia? Como fuera, el MAS que conduce al Estado, debe recordar el “apoyo duro” de militantes y simpatizantes, la saña es innecesaria.

El autor es Director del Centro de Investigación, Servicios Educativos y de Comunicación (CISEC).