Jimmy Ortiz:
• Organizaciones civiles solicitan al presidente Evo Morales amnistía para las personas detenidas políticamente
El tratamiento de la amnistía para presos políticos le incomoda al Gobierno, porque hay denuncias y cuestionamientos que involucran a autoridades del Gobierno en los casos terrorismo, represión Chaparina, presunto tráfico de influencias, entre Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales y autoridades de Estado, entre otros, afirmó el politólogo Jimmy Ortiz.
Según el analista, los pedidos de amnistía crecerán con el tiempo, porque aparecen personajes como Eduardo León, exabogado de Zapata; Marco Antonio Aramayo y Damián Condori detenidos por caso ex Fondioc; aspecto que comienza a surgir como forma de presión hacia el Gobierno.
Ortíz dijo que es complejo hacer un ley de amnistía, porque el Gobierno tiene en sus manos el “falso caso terrorismo”, donde los implicados por delitos comunes, como también los casos Fondioc y el tráfico de influencias entre Zapata y autoridades estatales.
“Para hacer una ley de amnistía se tiene que analizar quienes son presos políticos y quienes son presos comunes, aspecto que es complicado tratar para el Gobierno, por el crecimiento de las demandas”, indicó.
APROBACIÓN DE AMNISTÍA
Para el politólogo, en caso de tratarse la Ley de Amnistía en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y aprobarse en el ejecutivo, habrá dudas sobre su aplicación para los presos políticos.
Ortiz dijo que la democracia requiere de la amnistía porque hay casos, como del general Gary Prado, a quien se lo involucra en el caso terrorismo, siendo que hay indicios que demuestran su inocencia y no son tomados en cuenta.
CASO PLAN CÓNDOR
Recordó que la Ley de Amnistía es necesaria, porque hubo esta instancia para presos políticos en el caso Plan Cóndor, aspecto que fue muy delicado y está contemplado en cortes de justicia internacional.
Repudió el hecho de que existan presos políticos en el país, porque considera que es una forma de dictadura para líderes políticos que tienen pensamientos distintos al Movimiento Al Socialismo (MAS).
En criterio de Ortiz, es poco probable que se trate la Ley de Amnistía, porque los intereses políticos del MAS (son mayores), y que la justicia está sometida al Gobierno, aspecto por el cual dan lugar a la figura de presos políticos.
En el caso de los exiliados, como el senador Roger Pinto, el exfiscal Marcelo Soza, entre otros, no volverán al país por falta de garantías del debido proceso, elemento que significa la vulneración de los derechos humanos cuando se inició el juicio.
COLECTIVO CIUDADANO
Semana atrás, un colectivo ciudadano acompañados de la asambleísta departamental Claudia Brabo pidieron amnistía para el general Gary Prado, Eduardo León por el caso Zapata, Leopoldo Fernández a punto de ser sentenciado a 30 años de prisión por la masacre de Porvenir, Carmelo Lens, exgobernador del Beni, y Damián Condori por el ex Fondioc.
Los ciudadanos hicieron esa solicitud amparándose en el numeral 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual señala que son atribuciones del Presidente establecer o “decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
GENERAL PRADO
El general Prado Salmón, actualmente, no espera que el presidente Evo Morales dicte una amnistía para liberarlo del juicio en el caso terrorismo, porque eso significaría “un perdón” por un delito que dice no haber cometido, pero insiste en que el juez lo aparte del proceso por el delicado estado de su salud.
El militar que capturó al guerrillero Ernesto Che Guevara no sale del asombro porque transcurrieron siete años desde que empezó la viacrucis de asumir su defensa frente a las acusaciones del Ministerio Público, en el caso de terrorismo.
FONDIOC
Anteriormente, Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondioc, criticó las investigaciones del caso, reclamó por sus derechos, pidió que se cite a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y estuvo en huelga de hambre.
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