Cuestionamiento al retiro de Derechos Humanos

El retiro de la acusación en el caso Porvenir, por parte de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, causa controversia al interior de la institución y críticas de las regiones y de las autoridades nacionales. A raíz de ello, surgió la iniciativa de realizar un encuentro nacional para un necesario debate sobre el particular.

Pese a esas reacciones, la doctora Carvajal ratificó ayer la medida adoptada y recordó que la determinación de salir del proceso en la que se juzga al exprefecto de Pando Leopoldo Fernández y otros obedece a que en el juicio se vulneró garantías constitucionales de los acusados y no se llamó a declarar a varias personas que pudieron esclarecer lo ocurrido en El Porvenir, en 2008.

También afirmó que antes de presentar el pedido ante el Tribunal Sexto de Sentencia, el tema había sido tratado en varias plenarias nacionales de la Apdhb y su determinación era consecuencia de este análisis.

Sin embargo, Édgar Salazar, representante ejecutivo de la APDH de Sucre, negó que la determinación haya sido asumida por el Consejo Ejecutivo Nacional, por lo que Carvajal podría afrontar una sanción del Tribunal de Ética.

"Las asambleas que están en contra (de dejar el caso Porvenir) son Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija; se hallan en contra Chuquisaca y la ciudad de El Alto. En Cobija no hay Asamblea, simplemente sería una determinación asumida entre Santa Cruz, Trinidad y La Paz, el resto no está de acuerdo, ahora pedimos una reunión nacional, para tratar no sólo este tema, sino varios otros", afirmó.

PODER LEGAL

Por otro lado, Salazar afirmó que Carvajal, pese a ser representante nacional, aún no ha recibido el poder legal y que lo detenta oficialmente Yolanda Herrera. “Y mientras no exista una revocatoria del poder que se le ha dado a la compañera Herrera, para representar a la Apdhb en el juicio, todas las acciones asumidas por la compañera Carvajal son nulas de pleno derecho”, concluyó Salazar, que aseguró que de no ser convocada por Carvajal, la reunión nacional se llevará adelante por autoconvocatoria de las representaciones departamentales.

Sobre esta determinación, Carlos Brito, abogado de Fernández, aseguró que la determinación asumida por Carvajal pone en evidencia las irregularidades dentro del proceso judicial, que resultan de una postura política que los administradores de justica reproducen.

“En este proceso no se quiere castigar a los culpables, sino a gente inocente, en un juicio que está durando casi siete años”, afirmó Brito, quien recordó que en el mismo caso varias víctimas retiraron la acusación, por la falta de transparencia en el proceso.

Entretanto, Mary Carrasco, abogada de otro grupo de víctimas, señaló que pese a que la Apdhb haya retirado su acusación, los delitos son de orden público y en los próximos meses deberá dictarse una sentencia.

CRÍTICAS

Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera lamentó la actitud de algunos funcionarios de la Apdhb, lanzó palabras denigrantes contra éstos. Anuncio que el juicio continuará.