Ministro Ferreira asegura que García Meza cumplirá toda su condena en Chonchocoro

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, asegura que el exdictador Luis García Meza, cumplirá en la cárcel la sentencia de 30 años, "sin derecho a indulto", impuesta en su contra por los crímenes cometidos durante su gobierno de facto. Por su lado, Frank Campero, abogado del condenado, asegura que esto evidencia la injerencia del Gobierno en la Poder Judicial.

Ferreira convocó ayer a conferencia para desmentir la publicación de otro medio de comunicación que aseguró que el Gobierno estaba pagando doble aguinaldo a García Meza y mostró documentación en la que se evidencia que el exdictador accedió a un préstamo bancario por 63 mil bolivianos, y el dinero que recibe como beneficios sociales es inembargable, resultado de los aportes que este realizó durante su carrera de militar hasta su retiro.

Ferreira descalificó las afirmaciones hechas en la publicación de prensa y precisó que García Meza percibe una renta de 7.974 bolivianos y con los descuentos percibe Bs 5.469. El aguinaldo percibido en 2015 solo fue de Bs 7.000, además que por una reciente disposición el exmilitar ya no puede cobrar la renta dignidad.

En el caso de la solicitud de la defensa de García Meza, para que este pueda cumplir su condena con detención domiciliaria, Ferreira aseguró que "no va haber tolerancia, la Constitución lo prohíbe, ese señor ha cumplido 21 años de su condena, le faltan nueve años y ojalá muera en la cárcel el delincuente ese (...) son 30 años sin derecho a indulto, y aunque lo hubiera, por los menos en este gobierno este señor no puede salir de la cárcel, lo único que se puede esperar es que confiese sus delitos, quizá eso lo salve del infierno", aseguró Ferreira.

Al respecto, Campero aseguró que con esta declaración, lo único que se demuestra es que el Poder Judicial está subordinado al Poder Político. Pese a esto está prevista una audiencia en la que presentará jurisprudencia respecto de que en otros casos, pese a una condena sin indulto, un privado de libertada puede cumplir su condena con detención domiciliaria.

El argumento de Campero es que el exdictador, ya ha cumplido dos terceras partes de su sentencia y que se está solicitando cumplir el resto de su pena, (nueve años), en su domicilio y no se ha pedido un "perdón judicial".