Juez deja libre a chofer del Gobierno y víctima entra en coma inducido

El juez octavo cautelar Orlando Rojas concedió la libertad a Juan Gonzalo Calisaya (40), chofer del Ministerio de Gobierno, pese a la presentación de pruebas que evidencian la responsabilidad de este en el accidente y sin tomar en cuenta que como riesgo procesal se tiene el hecho de que como funcionario puede influir en la investigación, según informó Ramiro Portugal abogado de la familia de las víctimas.

Paralelo a lo que acontecía con la audiencia cautelar ayer, en la clínica Aranda, Carolina García Borda de 18 años, una de las víctimas, debió ser inducida a un cuadro de coma, como consecuencia al cuadro neuronal que pone en peligro su restablecimiento.

Según Gisela Borda, tía de la menor y hermana de la madre, Cintia Borda Vera de 49 años, la joven debe permanecer en este estado por 48 horas hasta determinar cuál es la causa en la parte cerebral, que desde ayer le provocó convulsiones.

Según la explicación de médico a los familiares, una de las razones se debe a que el cerebro recién este presentando una inflamación.

Carolina, además de las lesiones y golpes en la cabeza, sufrió tres fracturas, dos de ellas expuestas. La más grave en el fémur, cuyo tratamiento exige que la herida quede abierta hasta lograr cierto grado de curación del hueso.

Borda señaló que los médicos explicaron que la herida abierta pudo haber ocasionado un coágulo que llegó al cerebro y una tercera opción es una embolia producto del mismo cuadro, razón por la que su situación es crítica.

En el caso de la audiencia cautelar, Portugal explicó que el juez no valoró de forma adecuada los riesgos de obstaculización y que por esto presentarán la apelación para las medidas sustitutivas con la cuales se benefició el funcionario del Gobierno.

Juan Gonzalo Calisaya debe presentar un certificado de arraigo, pagar 10.000 bolivianos y presentarse para la firma de un cuaderno de asistencia en la Fiscalía.

Según los antecedentes, madre e hija transitaban en la avenida Arce, cuando en la interjección de la calle Belisario Salinas, la vagoneta conducida por Callisaya apareció rauda y las envistió.

Prueba de la imprudencia y alta velocidad con la que el uniformado policial, que fungía como chofer, conducía, es que la madre logró ver que este manipulaba su celular al volante y luego del impacto, con el parachoques delantero, fueron arrastras por más de 10 metros. La evidencia del choque frontal son las fracturas de ambas en las piernas derechas.

Testigos corroboraron a EL DIARIO que los funcionarios policiales llevaron al interior del Ministerio de Gobierno (que se ubica en esta esquina) al chofer y los que atendían el accidente intentaban señalar responsabilidad contra las víctimas, afirmando que no contaban con la licencia y solo una de ellas llevaba puesto el caso de seguridad.

Las fotos y las imágenes de dos canales de televisión desvirtúan la responsabilidad de las dos mujeres y ponen en evidencia que el vehículo iba a gran velocidad, porque debió estacionarse una cuadra más arriba.