“Tomatierras”

Después de una tregua de pocos meses, volvieron a sus andanzas los “tomatierras”, que asaltan predios agrícolas en producción en el departamento de Santa Cruz.

PETRÓLEO ORO ESTAÑO Con el peor precio en 10 semanas, el ministro de energía Saudí, Khaled al-Falih, asegura que el precio debería estar entre US$ 50 y 100 el barril para incentivar la inversión en nuevos proyectos petroleros. Una buena señal para el mercado es que entre octubre 2015 y mayo 2016 los almacenes de petróleo de Arabia Saudita cayeron en 12% a 289 millones de barriles. Si reducen sus ventas para reabastecer sus almacenes el precio podría subir. La fe islámica no tiene definido oficialmente si un buen musulmán puede o no poseer oro. El Consejo Mundial del Oro (WGC) y la Organización de auditoría y Contabilidad para Instituciones Financieras Islámicas están preparando una nueva interpretación oficial del Sharia, la ley islámica, que permitiría a los 1,600 millones de musulmanes en todo el mundo justificar la tenencia de oro. El alegato será presentado antes de fin de año y podría elevar enormemente el precio el oro. Un informe de FocusEconomics asegura que el alza en el precio del estaño en lo que va del año corresponde al aumento en la demanda china y la caída en la exportación de Indonesia, el segundo mayor exportador mundial y esto estaría a punto de cambiar. FocusEconomics asegura que Indonesia estaría por suavizar los estrictos requisitos necesarios para exportar estaño, que resultaron en una caída en las exportaciones.

Sus líderes admitieron que las tomas apuntan solamente a las tierras que el INRA define como fiscales, aunque en los hechos se trata de tierras en producción.

En los primeros días de actividad de esta nueva ola de asaltos han sido tomadas 4.300 hectáreas, pero las autoridades nacionales no han dicho una sola palabra sobre el tema.

Mientras fue ministra, la señora Nemesia Achacollo era vista como la responsable del manejo de este avasallamiento de la propiedad privada en el país por parte de grupos que se autodefinen como seguidores del partido de gobierno.

Los empresarios afectados debieron esperar varios meses para recuperar sus tierras, que habían sido asaltadas en el momento exacto de una cosecha. Para que terminen de irse los asaltantes, en la mayoría de los casos los propietarios tuvieron que pagar sumas altas, en dólares.

No se sabe ahora quién comanda o maneja o administra estas operaciones que se dan cuando parece inevitable que el presidente Evo Morales deje el cargo en el año 2020.

Los agricultores cruceños saben que sobre ellos y sus actividades está siempre balanceándose, como una espada de Damocles, la disposición legal por la cual el Estado puede, en cualquier momento, definir si una propiedad agrícola cumple o no una “función social”, con el riesgo de que la tierra sea declarada fiscal.

Este detalle está detrás, también, del poco interés que tienen los inversionistas extranjeros de venir a operar en Bolivia y explica por qué el año pasado la inversión extranjera en Bolivia cayó en 34% mientras que en el resto de la región el promedio de descenso fue de 9%. La falta de seguridad jurídica y respeto a la propiedad son quejas frecuentes.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha enumerado últimamente los factores negativos que afectan a la principal actividad de la economía legal en Santa Cruz y la semana pasada volvió a incluir entre esos factores la pesadilla del asalto de tierras en producción por parte de grupos organizados.

Los otros factores son la prohibición de usar semillas transgénicas a pesar de que Emapa importa trigo y maíz transgénicos de países vecinos, la prohibición de exportar excedentes, la falta de infraestructura carretera, la pesada carga tributaria y la muy pesada burocracia del gobierno central.

Como resultado de todo esto, la producción de maíz se ha reducido en 80%, la de trigo en 30% y se prevé una crisis que afecte incluso al sector avícola, mientras no se sabe quién se ocupará de expulsar a los asaltantes de tierras.

Los camioneros bolivianos son maltratados por las autoridades de los puertos chilenos, multados por ensuciar las malas carreteras, desprovistos de garages para dejar sus vehículos…	Y en Bolivia sufren peor, porque el gobierno les cobra muchos impuestos y les aplica millonarias multas, no les garantiza el libre tránsito interno, y cuando van a negociar, los engaña.