Sin estabilidad política, crisis económica y social

La experiencia señala que sólo la paz y la concordia entre gobernantes y gobernados permite encarar soluciones a los problemas que sufre el país, especialmente aquellos referidos al campo económico que, de todos modos, afectan al sector social porque disloca la paz reinante y da lugar al surgimiento de hechos extremos que nadie desea.

Vivimos un tiempo de crisis económica, mal que afecta, además, a casi todos los países del mundo, especialmente a los pobres y subdesarrollados como el nuestro; este mismo hecho obliga a conseguir una estabilidad política adoptando los mejores remedios para paliar las dificultades económico-financieras que, en su mayoría, se deben a los menores ingresos por exportaciones, a la menor producción de artículos alimenticios, a la necesidad de importar alimentos de países vecinos para evitar carestías en los mercados y rebajas sustanciales de productos en la canasta familiar. Una crisis que no vislumbra remedios inmediatos a la situación y que espera la adopción de medidas que eviten mayor detrimento de la salud moral del pueblo.

De la estabilidad política depende, innegablemente, que el gobierno, conjuntamente los sectores productivos e instituciones que tienen que ver con la economía, tome las medidas más apropiadas para ingresar a un período de recomposición de la moral ciudadana que esté libre de angustias y preocupaciones para el futuro inmediato. Son muchas fisuras que se producen en el mismo partido de gobierno y, aunque son débiles en casos, resultan contraproducentes para el propio régimen porque los desacuerdos habidos con personas que no están de acuerdo con el MAS o que se han alejado del mismo, contribuyen a que haya más intranquilidad en la población.

Los partidos e instituciones que no marchan al unísono del gobierno, también crean situaciones de intranquilidad especialmente cuando radicalizan sus críticas al gobierno y lo hacen ver como contrario a los intereses nacionales o cuando adoptan posiciones que buscan cambio de conducta en las autoridades; pero, sin aportar mayormente soluciones a lo que critican y lamentan que ocurra. Son grupos disidentes de las políticas gubernamentales que, al no sugerir remedios inmediatos para muchos de los males que critican los agravan y los hacen extensivos a otros problemas que angustian y preocupan a la población, al margen de no dar tranquilidad al gobierno.

Debe ser el gobierno, conjuntamente su partido y sectores sociales que lo apoyan, los que deben asumir conductas acordes con la realidad nacional evitando los graves errores en el manejo económico, las inversiones públicas no rentables, los viajes innecesarios, las construcciones faraónicas en que está empeñado, las actitudes de odio y discriminación en que incurren y, en fin, las conductas que le hacen más daño que el que puedan causar a quienes están dirigidas.

Un elemental sentido de prudencia, previsión y cálculo político, debería actuar en las autoridades porque la inestabilidad política – muchas veces causada al interior del propio régimen y su partido – puede generar una desarticulación total de la economía y su consecuencia, la inestabilidad social reflejada en huelgas, paros, manifestaciones, bloqueos y exigencias que, muchas veces, no es posible otorgar debido a las falencias financieras.

La inestabilidad político-partidista se nota en la no solución de problemas sociales que, encarados oportuna y debidamente por las autoridades que corresponda en su respectivo sector, podrían tener fácil solución que determine, además, no repetición de los extremos como muchas veces ocurre porque los remedios son momentáneos, circunstanciales y que sólo sirven para “salir del paso” en momentos álgidos del conflicto.

El gobierno, si quiere, puede adoptar las mejores medidas para evitar una desestabilización económica que derive en problemas sociales que, muchas veces, se tornan insolubles y hasta difíciles de encarar porque adquieren fuerza y contundencia. La estabilidad política permitirá al gobierno soportar la crisis económica no sólo en pos de su propia tranquilidad sino para la adopción de medidas que debe tomar con urgencia como es el caso de atraer inversiones foráneas, incitar al capital nacional para invertir pero contando con un estado jurídico que sea serio, permanente y de beneficio no sólo para los inversionistas sino para la creación de riqueza y generación de empleo. Hay mucho por hacer y, en conjunción con el mismo pueblo, es posible concretar.