Sobreprecios afectarían a Fuerzas Armadas

El brazo de la Justicia no es suficientemente largo para alcanzar a autoridades, jefes militares, oficialistas y poderosos. Por su parte, el Ministerio Público dice investigar pero no llega a la imputación. En contrapartida, estas instancias son implacables contra opositores, disidentes, colaboradores del Gobierno caídos en desgracia o ex comandantes de las Fuerzas Armadas. No es raro que los denunciantes devengan en procesados.

Es ya legendario el caso de la compra de dos aviones MA 60 de industria china el año 2008, con base en un crédito de ese mismo país por 40 millones de dólares. El costo de ambas naves cifraba $US 25 millones, pero la factura de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) cubría la totalidad del préstamo incluidos insumos (¿?), capacitación a pilotos, repuestos y otros. El consuelo es que en 7 años de gracia sólo se paga los intereses.

El caso es que estos dos aviones no vuelan hace dos años y uno de ellos protagonizó un par de accidentes. El titular de Defensa, Reymi Ferreira, aseguró que los mismos no vuelan por falta de repuestos y que se precisa $US 20 millones -los que no se dispone- para habilitarlos. Posteriormente se dijo que en definitiva estas aeronaves “no dan resultado”. Pese a ello y a la falta de certificación internacional de vuelo se procedió a la compra.

Al actual Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Gonzalo Durán, se le atribuyen más de 10 contratos por diferentes adquisiciones para la FAB y Transportes Aéreos Militares (TAM) (sigue la confusión administrativa y financiera entre ambas), inclusive un inmueble en Calacoto para la FAB, originando una denuncia por $US 1 millón, hechos que dieron lugar a 4 acusaciones ante el Ministerio Público por supuestos sobreprecios.

Oficialmente se sabe que todas las denuncias fueron rechazadas por los fiscales y que el Gral. Durán no tiene ninguna imputación, tampoco la cartera de Defensa tiene acusación contra el nombrado y le ha ratificado su confianza, no obstante el Director Jurídico del mismo ministerio, Manuel Porcel, anunció antes el inicio de una acción penal contra ex comandantes que incluía al Gral. Durán. Citado seis veces por la fiscalía a declarar, Durán no habría acudido a ninguna, aunque de su parte se niega ese extremo.

Otro tanto ocurre en relación con 9 contratos de construcción de una serie de puestos militares fronterizos. Varios de éstos fueron firmados con la empresa Chaco Integración, no siendo ejecutados ocasionaron una pérdida de 4 millones de bolivianos al Estado. El ex Comandante del Ejército Fernando Zeballos está detenido en la cárcel de San Pedro, a quien se le atribuye responsabilidad al respecto. A su vez, el propietario de la Chaco también fue detenido. Sin embargo, al parecer, el anterior comandante de esa Fuerza, Gral. Omar Salinas, sería quien efectuó las contrataciones respectivas.

Asimismo, pesan denuncias contra varios generales, algunos de los cuales se desempeñan como embajadores en Venezuela y Argentina, todos ocuparon altas posiciones en la esfera castrense. Dicho blindaje los hace inmunes a la Justicia, como viene ocurriendo en todos los casos que afectan a personajes en ejercicio de funciones de gobierno y otras importantes. Se trata, sin duda, de un aparato judicial selectivo que desmiente la manoseada frase de que “todos somos iguales ante la ley”.