El posible cierre de la empresa textil Enatex ha provocado que los microempresarios dedicados a la producción de textiles pidan que el Gobierno busque la forma de restituir las facilidades que implicaba el programa de los EEUU, Atpdea, programa que dejó de tener vigencia y del cual se beneficiaban muchos países del continente debido a que implicaba la reducción y hasta anulación de aranceles para las exportaciones que hacían las empresas productoras.
En el año 1992, el Presidente de los Estados Unidos, con miras a favorecer a los países afectados por el narcotráfico, creó el Atpdea para que tengan mercados seguros para su producción alternativa; el programa contemplaba la apertura unilateral de 9.000 franquicias arancelarias. Bolivia perdió en su momento esa ventaja, “debido a incumplimiento en políticas contra el narcotráfico”, según rezan informaciones al respecto.
En principio, se dijo: “El mercado de Estados Unidos será sustituido por mercados de Venezuela y Cuba”; por supuesto, las ventas a esos países fueron mínimas y nada solventes; consecuentemente, la industria textilera del país quedó sin mercados, especialmente para ropa destinada a un público que la acepte, especialmente cuando no hay frío y, al contrario, se experimenta condiciones de alta temperatura. De cualquier modo, cualquier mercado para la industria textil tendría poca demanda, especialmente para productos de lana.
Microempresarios del área textil del país piden que el Gobierno trate de encontrar mercados para su producción y, además, evite la competencia desleal de China que, en grandes cantidades de ropa invade los mercados del país. Señalan que los precios que cobran los comerciantes de ropa china son bajos y es imposible competir con ellos. La ropa china se importa por los canales del contrabando y del comercio legal con perspectivas de incrementarse porque esa competencia impediría que la producción de las empresas nacionales pueda tener mercado asegurado.
El problema es grave y puede adquirir contornos difíciles en un lapso corto. La microempresa utiliza a miles de personas que dedican su trabajo a producir ropa de buena calidad y en cantidades que bien podrían cubrir toda la demanda de la población. No frenar el contrabando y no dar protección a la industria nacional implica que, en corto tiempo, puedan producirse graves problemas por el desempleo y, en casos, cierre de pequeñas empresas textileras.
Mientras falten políticas para proteger a la industria nacional, sobre todo combatiendo al contrabando, será difícil esperar que no haya conflictos en el sector laboral del país. Es, pues, responsabilidad gubernamental el adoptar soluciones.
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