Presidente debe recurrir al Tribunal de Imprenta

El expresidente de la Asociación de Prensa de La Paz (APLP), Antonio Vargas, afirmó que el presidente Evo Morales, como un servidor público, solo puede tratar la denuncia contra Humberto Vacaflor a través de un Tribunal de Imprenta y no por la vía penal.

Según la opinión de Vargas, el Jefe de Estado quiere penalizar el ejercicio periodístico cuando ignora a la Ley de Imprenta de 1925, única vía por la cual un funcionario público debe iniciar un proceso en contra un periodista por delitos contra el honor.

“Cuando un servidor público se sintiera dañado por informaciones que circulan en los medios de comunicación se ha de recurrir al Tribunal de Imprenta”, señaló.

El periodista Humberto Vacaflor, Premio Libertad 2016, es procesado por la vía penal por el presidente Morales por supuesta difamación y calumnia que lo involucra con el asesinato de los esposos Andrade.

En ese sentido, el expresidente de la APLP afirmó que Morales durante su mandato, al recurrir a la vía penal, estaría desconociendo un instrumento jurídico pleno y en vigencia como es la Ley de Imprenta, lo cual dejaría un precedente negativo en su gobierno.

“Haciendo caso al artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE), el Presidente debe recurrir a la Ley de Imprenta como está establecido (…). Él (Presidente) estaría ignorando el mandato de la Constitución (Política del Estado). Debe dar ejemplo en obedecer en lo que la Ley manda”, insistió Vargas.

El Tribunal de Imprenta debe ser convocado por los concejos municipales de cada jurisdicción. Los integrantes de aquella corte son quienes deben conocer la denuncia en contra los periodistas y dar un veredicto último.

De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Imprenta, “el cuerpo de jurados se compone de cuarenta individuos en las capitales de departamento y de veinte en las provincias, que serán elegidos por los Concejos y Juntas Municipales, respectivamente, prefiriéndose a los abogados más notables, miembros de Universidad y propietarios con residencia fija en el lugar”.

OFICIALISMO

Los asambleístas Ciro Zabala y Víctor Borda del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmaron que prefieren que sea la justicia quien decida si este es un caso que se debe sustanciar en un tribunal ordinario o en un Tribunal de Imprenta, sin embargo, coincidieron que la calumnia y la injuria son delitos penados por ley, citó la agencia ANF.

El senador Ciro Zabala cree que si hay alguien que ha difamado, injuriado o calumniado “que hoy está penado por ley, porque eso sí está penado. Pero también entendemos que hay leyes como la Ley de Imprenta (…). Creo que la justicia tiene que ver a dónde corresponde”, sostuvo.

Su colega diputado, Víctor Borda, acotó que tuvo la oportunidad de estar en dos debates junto al periodista Vacaflor y que “sus expresiones eran difamatorias e injuriosas. Pero el tribunal (justicia) decidirá, si actuó como periodista tendrá que remitir el caso al Tribunal de Imprenta, pero si actuó como cualquier otra persona tendrá que asumir las consecuencias”, precisó.