Las áreas rurales del país y muy especialmente de la parte occidental, deberían tener prioritaria atención del Gobierno porque no podemos, menos debemos, seguir dependiendo de importación de alimentos desde países vecinos cuando Bolivia siempre ha producido lo que consumía. La no atención debida al campo o agro, es grave responsabilidad que es preciso corregir y la atención de todo lo que corresponde a este rubro debe ser encomendada a profesionales con alta capacidad y mucha experiencia.
Hace muy poco tiempo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos ha informado que, prácticamente, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras prescinde de dicha institución y hasta ha llegado al extremo de destituir a muchos profesionales agrónomos que contaban con mucha experiencia y que hacían excelente labor. El Colegio de Agrónomos señala, en cambio, que el anterior Ministro tomaba en cuenta el criterio, el profesionalismo y la experiencia del personal técnico que tenía ese ministerio; pero el actual, que desempeñó anteriormente las funciones de Gobernador del departamento de La Paz, decidió prescindir de agrónomos y otorgar los cargos a personal no profesional y que no tenga experiencia en cuestiones concernientes al agro.
El Ministro justifica las medidas adoptadas y que lo hizo tan solo “por disciplina y por cierre de programas”. Señala que dirigentes del Colegio de Agrónomos “buscan la concesión de tierras en favor de sus afiliados”. Al respecto, el vicepresidente de la entidad señaló: “No hay nada inmoral en una solicitud de tierras fiscales, mucho más cuando se pretendía apoyar la producción del agro”.
El Ministro de Estado, por principio legal, tiene la facultad de someter a investigación a cualesquiera de los funcionarios, pero aportando las pruebas consiguientes; despedir en masa a personal que se sabe es responsable y consciente de sus deberes es, sin duda alguna, un despropósito y un atentado a la debida marcha de las áreas rurales que en todo tiempo necesitan de ingenieros agrónomos con miras a la planificación y programación de la producción de alimentos. Esos funcionarios observados por la autoridad tienen perfecto derecho a reclamar por las medidas arbitrarias que se haya adoptado contra ellos; pero, a la vez, corresponde que, a través del organismo que tienen como es el Colegio de Agrónomos, se haga los trámites consiguientes hasta comprobar la exactitud de los cargos que se formula contra ellos. No conviene que los hechos, por justificados que sean, pasen al olvido porque se sientan precedentes funestos que afectan a profesionales de todas las disciplinas que en cualquier dependencia del Estado lo único que hacen es cumplir con sus deberes de aportar conocimientos y experiencia para el logro de resultados óptimos.
Es sabido que este tipo de medidas -despido de personal- obedece solamente a la consigna de “proporcionar empleo a militantes del partido de gobierno”, hecho que, en todo caso, es atentatorio contra los intereses del país.
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