Prisión preventiva, medida atentatoria

Según informe de Human Rights Watch, en nuestro país “persisten serios problemas como amenazas a la independencia judicial y la impunidad de delitos violentos y violaciones de derechos humanos”. Prácticamente, censura y condena el “uso preventivo al expresar que su uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva y las demoras en los juicios atentan contra los derechos de los acusados y agravan la sobrepoblación carcelaria”.

Hay una muestra de un panorama general de lo que sucede con activistas a favor de la naturaleza, con personas que denuncian “atropellos a los derechos humanos y sostiene que hay un desamparo, ya que a los defensores se los intimida y algunos gobiernos llegan al punto de crear falsos delitos”. Se dice, además que “de acuerdo con datos de régimen penitenciario, el 88% tiene detención preventiva ya que hay una inclinación al uso indebido de la medida”. Por otra parte, los “jueces y autoridades judiciales no hacen un análisis detallado de la situación de los acusados y no se respeta los plazos procesales”.

Por su parte, Amnistía Internacional conjuntamente Human Rights mencionan los casos de “conciencia” y específicamente señalan “a personas encarceladas por sus opiniones políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, o debido a su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otra condición”; todas esas personas que piensan diferente o sienten contrariamente a quienes actúan como autoridades y que en todo ven motivo de condena y sujetos a prisión preventiva “mientras los juzgados respectivos instauren los juicios pertinentes”.

El problema es grave y es motivo de temor para una población que, muchas veces, vive pendiente de lo que “puedan juzgar las autoridades” y esto da lugar hasta a la propia restricción de las libertades de pensamiento y expresión. Lo cierto es que quienes sufren prisión preventiva es porque el Poder Judicial no funciona como es debido, no tiene la capacidad para juzgar los diversos casos que se requiere tratar conforme a las leyes y en los plazos fijados por los procedimientos.

El hecho de que el Poder Judicial prácticamente esté supeditado al Poder Ejecutivo y, además, los fiscales sean designados por el gobierno de turno y los jueces no tengan la idoneidad necesaria - con las excepciones muy notables y escasas- y tengan, además, la desconfianza de la colectividad, da lugar a que muchas autoridades deban recurrir a la prisión preventiva que, como máximo, debería tener duración de horas o muy contados días porque son los jueces los que tienen que tomar a su cargo el juzgar y sancionar los diversos casos.

De todas maneras, la prisión preventiva es contraproducente y atentatoria a los derechos humanos y debe encontrar solución en el menor tiempo, pero hacerlo mediante la fortaleza de un Poder Judicial que sea fruto de la honestidad, la responsabilidad y el sentido de justicia que debe ser perfecto.