Cansado de esperar la respuesta a su solicitud de audiencia con el presidente del Estado, Evo Morales, cursada meses atrás para discutir sobre la situación deficitaria del departamento, Félix Patzi, gobernador de La Paz, no tuvo otro recurso que ingresar en huelga de hambre, recurriendo a un gesto heroico, en procura de obtener apoyo económico del Gobierno Nacional.
Del presupuesto asignado para la presente gestión, la gobernación solo administra el 44% y el Gobierno Central el 57%. Este 44% comprende todos los ingresos que por distintos conceptos percibe la gobernación, incluyendo lo referente a hidrocarburos, etc., monto con el que se debe atender una serie de gastos administrativos, sueldos, atención de oficina y otros. Por consiguiente tan solo corresponde a inversión de obras en el departamento el ínfimo monto de Bs. 228 millones.
Se da por descontado que cualquier empresa más o menos grande del país supera en ganancias esta suma, para no citar a empresas extranjeras. Esta situación configura a La Paz como el departamento que se encuentra en el último lugar presupuestario entre los 8 restantes, pese a tener que atender a una población cercana a los 3 millones de habitantes. Así lo demuestran los parámetros oficiales publicados por los medios.
Frente a esta situación el gobernador Félix Patzi ha propuesto al Gobierno las siguientes medidas a favor de La Paz: participación tributaria del 4% a nivel nacional; participación en la facturación energética del departamento; percepción del peaje de la Autopista La Paz-El Alto; pago por tarjetas de operación del teleférico; pago del 50% por “taque” de coca de Yungas registrado en “tranca”. A lo anterior se agrega un ingenio de minerales en Patacamaya, en vista del carácter productor de La Paz. La demanda incluye la condonación de adeudos del departamento al Tesoro General, deuda contraída en la gestión del ex gobernador César Cocarico. Sin embargo, por contrapartida en anteriores gestiones el Estado resultaba deudor del departamento, cuya acreencia no era objeto de reclamo por la dependencia política de dichas gestiones.
La huelga de hambre de la autoridad tiene la virtud de haber despertado la adormecida demanda del Pacto Fiscal, la misma que acaba de recibir el respaldo de los departamentos de Santa Cruz y Potosí. El mencionado Pacto debía tener lugar en cuanto se conociera los resultados del Censo Nacional. El pretexto oficial para diferirlo es la aprobación previa de los Estatutos Autonómicos a nivel nacional, disposición que, como se sabe, fue rechazada por distintos departamentos y entre ellos por el de La Paz.
Patzi plantea que se lo considere ahora por tiempo y materia al margen de la cuestión estatutaria. Entretanto su desesperada medida cuenta con más ayunadores y no hay duda que toma cuerpo y gana apoyos.
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