Es una verdad de perogrullo: mientras no se estimule la inversión privada habrá menos procesos exploratorios (en áreas tradicionales y no-tradicionales) de la geografía boliviana para buscar mayores volúmenes de gas/petróleo.
Estamos muy lejos de cumplir la máxima del gran latinoamericano de Venezuela Juan Pablo Pérez Alfonso (1958, Ministro de Hidrocarburos durante Presidencia Rómulo Betancourt) y creador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que indicó que debe haber una “siembra del petróleo”, de manera que los ingresos en vez de ser despilfarrados sean semillas para nuevos emprendimientos y generación de riqueza. En esa lógica, Bolivia aún no “sembró gas” y continúa dependiendo de la exportación de materia prima para sostener su economía.
Seguimos con dos mercados a los que no se los tiene cautivos, más bien con riesgos de envío (Argentina) y Brasil (que debe renegociar contrato en 2019).
Como no hubo mayor exploración con capitales privados en Bolivia, no se hizo descubrimientos de mega-campos; naturalmente, continuamos dependiendo de campos en explotación (intensiva). Y como los precios del gas van a función a precios del petróleo WTI, los ingresos pasaron de excelentes a paupérrimos en la danza de números (de USD 100/barril en 2014 a 26 en enero y a 50 en julio 2016). Fuentes independientes informan que hasta 2013 el Estado boliviano percibió 31.000 millones USD. Una década de amplios ingresos que -visto fríamente- no lograron romper la pobreza ni cerrar brechas de desarrollo interno en Bolivia.
Un tema adicional y no menos importante: gestión de la información. No se estaría cumpliendo, de parte de la administración del Estado, de la información pública referida a reservas: mismas que deben ser realizadas, por mandato de ley, anualmente. De manera que la ausencia de información, sumada a la ausencia de capitales privados y solo dos mercados para el gas boliviano, dibujan un escenario complicado para el país.
A menos ingresos por venta de gas, menos presupuestos para regiones productoras y hasta la rentabilidad de las compañías petroleras se vio ya disminuida. La bonanza pasó y hasta las privadas ya sienten el peso de la crisis; más aún, en países como Bolivia cuya NOC (empresa estatal petrolera) por ley es autorizada para comercializar toda la producción de petróleo/gas con esta estructura financiera: 50% de la venta de hidrocarburos es transferido al Tesoro General (vía Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH); 40% de la venta es utilizado por la NOC para pagar a compañías por gastos de operación por generar volúmenes producidos y vendidos; y el 10% restante de la venta es dividido entre YPFB y la compañía productora, siendo la utilidad.
Naturalmente ha habido serios intentos para estimular la inversión, leyes de “incentivos” y demás, pero sin los efectos de impacto financiero que estuvieron esperando.
La economía boliviana no está, entonces, “blindada” y me adscribo a las conclusiones del analista Alejandro Peres-Cajías que indica: qué hacer ante la disyuntiva: a) incrementar el endeudamiento público; b) una reforma tributaria que amplíe los ingresos públicos no hidrocarburíferos; c) priorizar los proyectos de inversión más rentables y dinamizar la inversión privada, una labor en la cual el Gobierno no ha sido muy exitoso.
Los perjudicados de este esquema de bajos precios, de apenas dos mercados externos, de poca actividad en exploración y poco capital privado en el sector son Tarija y los otros departamentos productores: menor ingreso por regalías (calculadas sobre el 11 % de la producción departamental medida en el punto de fiscalización) e IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) se calcula sobre el 32% de la producción fiscalizada y se distribuye: 12,5% para departamentos productores, 31,25% para departamentos no productores (6,25% para cada uno) y 56,25% para el TGN.
Resumen: en tanto no haya condiciones que realmente sean estimulantes para que capitales externos (privados) se interesen en Bolivia como un posible hub de generación de negocios para la industria (producción de gas/petróleo y exportación de electricidad), va a ser muy difícil que la sola billetera del Estado central cumpla las ofertas.
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