El distanciamiento del Gobierno, por motivos políticos, con la Alcaldía Municipal apareja una serie de perjuicios a La Paz y la actual disputa entre el Organismo Operativo de Tránsito (OOT) y el Gobierno Municipal por el retiro de vehículos mal estacionados, es otra expresión del boicot por parte del Gobierno a la Alcaldía. Por supuesto que el OOT no actuaría como lo hace sin instrucciones del Órgano Ejecutivo.
Este desamparo policial data más visiblemente desde el rompimiento del MAS con el Movimiento Sin Miedo –partido eliminado del registro electoral- que encabezaba el ex Alcalde Juan del Granado, partido reencarnado al presente en SOL bo, liderado por Luis Revilla Herrero. Este divorcio quebranta el principio de unidad del Estado, es decir, de sus componentes centrales y subestatales como un todo orgánico, condición inseparable que da sentido a un verdadero y buen gobierno.
El Comando de la Policía y el OOT anunciaron una querella contra Revilla “por usurpación de funciones”, en respuesta al remolque de vehículos parqueados en vías prohibidas al efecto, función que el citado Organismo considera propia.
Lo cierto es que la Constitución (Art. 302, numeral 18) confiere a los gobiernos municipales el control del tránsito urbano y el resto de atribuciones de la materia, como también lo hace la Ley Municipal de Transporte de 18 de abril de 2012, dictada dentro del orden autónomo vigente. Si se parte de estas bases, no es arbitrario que el GMLP, por fin, esté procediendo con respecto al abuso de los conductores, de estacionarse en las arterias de mayor tránsito, dando lugar al atascamiento (“trancaderas”) cotidiano, abuso que acarea el flujo lento y desesperante del transporte, con todas las consecuencias imaginables para la población urbana. Ojalá que esta medida persista en el tiempo y no quede en olvido después de su debut.
No creemos pertinentes las protestas referidas en circunstancias en las cuales el OOP prácticamente ha cesado todo control en calles y avenidas, sus agentes de parada brillan por su ausencia, permite el parqueo discrecional, etc. Entonces su tarea -aparte de las autorizaciones de conducción- se limita al cobro de multas y sanción por infracciones, cuando no media alguna corruptela de los “varitas”.
Los entredichos Policía-Alcaldía llegan mucho más lejos. La Paz -víctima de avasallamientos y de “loteadores”- se encuentra indefensa, si se recuerda que los llamados de autoridades municipales a la Institución del Orden no son escuchados pese a su tono dramático, por atentar contra particulares o espacios municipales. La falta de auxilio policial tuvo mucho que ver en el resultado de varias muertes en el incendio y asalto a la alcaldía de El Alto, no obstante encontrarse a pocos pasos del lugar de los hechos.
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