Pacto Fiscal: ¿reviviendo la frustrada autonomía?

Hace un tiempo, cuando se dieron las últimas elecciones en un escenario económico en el que los precios internacionales estaban en alza dando un panorama de extrema bonanza, escribí sobre el Pacto Social, ya que las discordias o concordias entre las diversas autoridades sean nacionales, departamentales o municipales, estuvieron presentes, como ahora, que no hay excedentes, más bien escaseces, especialmente en La Paz, por lo que el gobernador y las organizaciones sociales están asumiendo una actitud desafiante.

Ciertamente, siempre habrá una relativa escasez de recursos frente a las necesidades que son crecientes, sin considerar el aumento poblacional, que de por sí ya es un ingrediente natural que da lugar a mayores requerimientos, especialmente en materia de servicios básicos que es lo primero que demanda la sociedad para tener un mínimo de condiciones para “vivir bien”, tal como se postula, sin saber el alcance de este objetivo en términos económicos y sociales.

De esta manera es que surge nuevamente la necesidad de llegar a un “Pacto Fiscal” con la creencia de que éste sería el camino más fácil, sobre todo expedito, para que las distintas instancias de gobierno, sea central, departamental o local puedan cumplir con las promesas que han realizado sus respectivas autoridades superiores a tiempo de postularse para asumir esta responsabilidad, que es lo que aflige al gobernador de La Paz, así como a las autoridades que han sido electas.

En efecto, el Pacto Fiscal que está referido expresamente en la Ley Marco de Autonomías, formula un proceso de concertación para tratar los aspectos relacionados con la generación, distribución y destino de los recursos públicos, que son fundamentales para el desarrollo del país, de cada uno de los departamentos y municipios. El pacto tendría que ser la oportunidad para un acuerdo entre actores socio-culturales, económicos y políticos, para definir las bases para el desarrollo sustentable a largo plazo a fin de superar la pobreza y las inequidades en la generación, administración y distribución de la riqueza del país.

Es más, en la disposición transitoria décima séptima de la Ley Marco de Autonomías se establece que el Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomía y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado.

Esta propuesta debería apegarse a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado, considerando también las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos. De tal manera que en un plazo no mayor a seis (6) meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, cosa que no ha ocurrido hasta el presente, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal debería haber sido presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que correspondieren.

Lo que tampoco ocurrirá ahora, evidenciando nuevamente la distancia que existe entre la “intención” y la “acción efectiva”, sea por incapacidad, falta de voluntad política o muchas veces por la imposibilidad de cumplir con este deseo por la ausencia de condiciones financieras, técnicas y materiales. También por la necesidad de preservar el “poder”, por lo que difícilmente podrá haber una distribución más equitativa entre las diversas instancias institucionales, salvo que en cada una de ellas, la población imponga una mayor asignación de sus propios recursos, sean tributos o regalías, ya que en todo caso debe haber una fracción que debe ser destinada al desarrollo del país en su conjunto.

Para ello, tendríamos que empezar por reflexionar, desde un principio, respecto a nuestro pasado, que nos mostrará ciertos obstáculos de carácter estructural que no supimos encarar en su justa medida y a tiempo, motivo por el cual actualmente estamos discutiendo un “Pacto Fiscal” fundamentado en el simple rentismo que no tendría mucha sostenibilidad en el largo plazo, salvo que se superen las actuales condiciones y atavismos existentes.

En efecto, tendríamos que retornar a los principios de la Constitución de 1967 que hablaba claramente de tres regímenes tributarios, con administración propia, correspondientes al nivel Nacional, Departamental y Municipal, pero que no prosperaron por el fenómeno centralista que sigue siendo dominante. Para ello, además tendríamos que cambiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), implantados con el Decreto Supremo 21.060, restituyendo el Impuesto Directo a la Renta de las personas, sean naturales o jurídicas, que además de ser progresivo toma en cuenta la capacidad de generación de recursos que tiene cada uno de los actores económicos o institucionales que ahora reclaman el Pacto Fiscal, asignando los recursos en los niveles correspondientes y de forma equitativa.

En otras palabras, el régimen tributario actual no solo es “centralista” por definición y no sirve, en consecuencia, al proceso autonómico departamental, que además pese a su existencia ha sido cercenado en sus competencias especialmente tributarias, por lo que vive a expensas del rentismo que administra el gobierno.

A nivel local, salvo los municipios grandes que tampoco recaudan todos sus impuestos por falta de adecuados instrumentos, como el Catastro, por ejemplo, los demás viven a expensas del rentismo con el que nacieron. La “Participación Popular” que dio lugar a un municipalismo desenfrenado gracias a la famosa “coparticipación tributaria”, ha hecho que ningún Alcalde se preocupe por profundizar sus fuentes genuinas de financiamiento, lo que evidentemente impedirá el renacimiento del proceso autonómico a nivel local, como departamental, que es de lo que se debería tratar, en última instancia.

El Ing. Com. Flavio Machicado Saravia es Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.