El Silala, un litigio inventado por Chile

Es casi imposible que algún boliviano patriota se muestre indiferente ante la política expansionista chilena que parece sustentarse en el supuesto de que el desarrollo de Chile sólo es posible a costa de Bolivia. No es para menos, ya que las primeras crisis chilenas fueron saneadas con los ingresos provenientes de la plata de Caracoles, en territorio boliviano, sin beneficio para Bolivia. Entre 1876 y 1880 habría generado para Chile algo más de $ch. 24 millones (Pereira, 2001).

Bolivia desde la derrota de Yungay (1839) no pudo equilibrar sus relaciones con Chile bélica ni diplomáticamente. Bolivia no contó con unas fuerzas armadas defensivas para proteger su soberanía en un contexto en que la fuerza de las armas era decisiva en las relaciones internacionales, probablemente aquel belicismo hoy no ha cambiado.

El derecho internacional aún está lejos de garantizar la paz y la seguridad mundial sustentados en principios y valores de validez universal. El mundo es el escenario donde los intereses geopolíticos continúan dependiendo de las armas o de otra fuerza similar equiparable, como las alianzas estratégicas. La defensa de los intereses de occidente depende de las fuerzas de la OTAN; por su parte va creciendo el bloque asiático con el liderazgo de China. Esta dinámica ha planteado a las economías desarrolladas el reto de mantener cierta vanguardia en tecnología bélica. La guerra fría no ha disuelto la polarización sustentada en las diferencias ideológicas o éstas han evolucionado a la defensa de intereses económicos, formando bloques de poder por encima de la capacidad de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

El pacifismo boliviano, en su aislamiento y cierta ingenuidad, no resuelve ningún problema de interés geopolítico con sus vecinos.

Entre tanto, a Chile le basta la ocupación del Litoral boliviano porque tal estatus le basta para seguir explotando sus prodigiosas riquezas.

Por de pronto, la demanda chilena sobre las aguas del Silala planteada ante la CIJ mantiene congelada cualquier iniciativa boliviana sobre dichas aguas. De hecho, la profusa correspondencia entre las cancillerías de Bolivia y Chile, entre representaciones, observaciones y aclaraciones (anexos de la demanda chilena) no han posibilitado que Bolivia efectivice la defensa de su soberanía sobre las aguas del Silala.

El anuncio de incorporar al internacionalista Brotons, notable defensor de la causa marítima, para la defensa de las aguas del Silala, debe ser modificada, debido a que este señor ha hecho una afirmación pública favorable al uso equitativo de dichas aguas, lo que implica aceptar que el Silala es un río internacional, la tesis chilena; contraria a la posición boliviana de plena soberanía sobre las mismas porque técnicamente es un manantial.

EL SILALA, EL ÚLTIMO LITIGIO INVENTADO POR CHILE

Chile, una vez más, se aprovecha de una generosa concesión de uso de las aguas del Silala, por el Prefecto de Potosí (1908) a la empresa “The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited”, constituida en Londres en 1888, adquiriendo los derechos y concesiones de la empresa de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta por la empresa minera Huanchaca, cuyo importante accionista era Aniceto Arce.

De un comienzo la solicitud de concesión ocultaba su verdadero propósito, y que la solicitud justificada para alimentar sus calderos era sólo un pretexto adecuado a las normas bolivianas sobre el tema. Lo cierto es que las aguas del Silala estaban destinadas para consumo humano de la población de Antofagasta en calidad de venta, bajo normas chilenas, sin beneficio para su propietario, Bolivia.

El curso de las aguas del Silala fue inducido por canales construidos por los concesionarios, de otro modo seguirían inmovilizadas, como estuvieron hasta entonces. Los peticionarios de la concesión recurrieron a diferentes ardides para lograr su propósito, como aquella cita de una ley boliviana de entonces, por la que “las empresas ferrocarrileras pueden aprovechar las aguas públicas que les sean necesarias y es facultad privativa de las Prefecturas la concesión de ellas”, y que “los Ferrocarriles tienen preferencia para el aprovechamiento de las aguas públicas”. La empresa era reconocida como anglo-chilena-boliviana, aunque no se cita a sus accionistas, entre ellos figuraba el minero boliviano Aniceto Arce. De estos hechos se colige que este minero actuaba en connivencia con los chilenos, de otro modo no habría permitido que se suscriba un contrato tan ambiguo y perjudicial para Bolivia, sin establecer pagos ni la forma de efectivizarlos.

Es llamativo que la ruta de las aguas del Silala sigue la misma que siguió la guerra de los 10 centavos. Un problema administrativo entre el Estado boliviano y empresas particulares se convierte en un litigio internacional, por razones de interés geopolítico chileno. Acto seguido las aspiraciones chilenas son difundidas en un empaque propagandístico, con la misma habilidad con que ha sabido justificar su política expansionista y de agresión frente a Bolivia. El agresor se muestra como víctima, el agresor es el agredido. La elite chilena más conservadora prefiere la guerra a la negociación, son los resabios del trauma no superado frente a la Argentina, a cuyo favor tuvo que ceder un millón de Km2 en 1881.

Las aguas del Silala son técnicamente un manantial, los estudios existentes son suficientemente demostrativos, las aspiraciones chilenas sobre el uso de aquellas aguas pretende borrar la deuda pendiente con Bolivia, acumulada por más de un siglo, y asegurarse su uso gratuito en el futuro, arguyendo que tales aguas son un río internacional.