Urgencia de concertar el Pacto Fiscal

La experiencia y las crecientes necesidades administrativas y económicas han renovado la urgencia de concertar el Pacto Fiscal, por considerar que el centralismo no tiene ya asidero histórico y menos si los bolivianos se pronunciaron, a través de las urnas, de contar con una organización funcional autonómica. Incluso, para que adquiera una aplicación administrativa adecuada, sin seguir siendo dependiente del centralismo del Órgano Ejecutivo.

En estas circunstancias, es que la demanda pública por el Pacto Fiscal es ya una corriente nacional, resulta pertinente remitirse a lo que en materia administrativa y autonomía prevé la Constitución Política del Estado (CPE), en sus artículos 1 y 2:

“Art. 1.- Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, anticultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

“Art. 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”.

Como podrá advertirse, hay dos puntos clave en dichos artículos. En el primero se expresa que Bolivia se constituye en “descentralizado y con autonomías”. En el segundo, a todos los territorios del país “se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado”.

El cuestionamiento que se formula a La Paz es que no tiene un Estatuto. En referéndum, los paceños rechazaron el proyecto oficial de dicho documento, porque se trataba más de un documento pro masista que de un documento constitutivo de los intereses exclusivamente paceño, sin alineamiento político a ningún partido ni organización que no sea estrictamente cívica.

Al presente, principalmente, por los efectos negativos que está causando a los departamentos la reducción del ingreso nacional en casi el 50%, proveniente del gas natural y los minerales que exporta el país, cuyos efectos se reflejan en la distribución del impuesto IDH.

Esto en cuanto a las motivaciones económicas, que al presente resultan apremiantes, pero al mismo tiempo se ha constituido en una demanda nacional el poner fin al centralismo administrativo, a raíz del cual los ingresos fiscales son gastados discrecionalmente.

La necesidad de concertar el Pacto Fiscal, en términos de equidad y como producto de un acuerdo equilibrado, podrá ser la vía más expedita para resolver los problemas financieros de los departamentos y municipios. Pero, además, acabar con el centralismo, que la propia Constitución la desecha plenamente.

Acerca de una amplia documentación sobre el tema, la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania, editó en 2013 un valioso libro titulado Pacto Fiscal, con los subtítulos siguientes: “Una oportunidad para la reforma de la Gestión Pública” y “Hacia el cumplimiento de las nuevas metas de desarrollo al 2025”.

Se trata de un volumen de 346 páginas, formato mayor. Contiene valiosos estudios y trabajos de expertos en la materia, de analistas económicos y algunas propuestas que pueden ser imprescindibles en la presente coyuntura.

Sólo a manera de ofrecer alguna información sobre el Pacto Fiscal, en vista de la poca difusión que tiene, en esta página consignamos fragmentos de algunos de dichos estudios, con el exclusivo propósito de darles la palabra a quienes demuestran conocer en profundidad esta importante temática.