• La Fundación Jubileo sostuvo que la asignación de recursos a las regiones debe priorizar el desarrollo humano y no, de manera exclusiva, la inversión en infraestructura • El Banco Mundial señala que Bolivia se encuentra en los albores del denominado bono demográfico, lo que exige mayor inversión en la población
La asignación de mayores recursos es un tema que se ha impuesto en la agenda pública en las últimas semanas. Hay posiciones coincidentes en autoridades ediles y de gobernaciones del país. Bolivia ha incrementado el desempleo de 3.5 a 4.4 por ciento, según lo señaló el presidente Evo Morales, mientras que la caída de ingresos por exportaciones de gas natural ha puesto al descubierto que el Estado retiene para sí, más del 80 por ciento de los recursos nacionales.
Margaret Tatcher, la malograda primera ministra conservadora británica, dijo que al final de cuentas, los recursos que administra el Gobierno, proceden de los ciudadanos y no es de su propiedad, y que son ellos los que deben, entonces, decidir sobre su destino y uso.
DEMANDA
Las limitaciones presupuestarias de las gobernaciones, municipios y universidades es una realidad cada vez más evidente. Entretanto el Gobierno les dice a las regiones, que se continúa priorizando de manera casi exclusiva, proyectos de infraestructura, como vías, puentes, edificios, escuelas, palacios y hasta canchas de fútbol, sin darle la importancia que corresponde a los temas de desarrollo humano. Las autoridades ediles consideran que el desarrollo de las capacidades de la población, debería ser el enfoque principal de la inversión del Estado para la asignación de fondos económicos, sostiene un último estudio de Fundación Jubileo.
SALUD Y EDUCACIÓN
De acuerdo con esta visión, entre los aspectos de primera importancia para las inversiones sociales debería contemplarse -por ejemplo- el acceso universal y gratuito a los servicios de salud y educación. Mucho más, cuando Bolivia se encuentra en los albores del denominado bono demográfico, que declinará hacia los años 2050, según estimaciones del experto del Banco Mundial, Marcio Cruz, quien estuvo recientemente en Bolivia bajo los auspicios de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Cruz, reclamó a los gobiernos de la región, la generación de empleo de calidad para los nuevos actores del mercado laboral.
DESARROLLO HUMANO
El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Pedro Zusz, puntualizó que para las inversiones sociales, debería contemplarse el acceso universal y gratuito a los servicios de salud. “No debe ser un enunciado de la Constitución Política del Estado (CPE), sino que debiera pensarse en recursos para hacer efectivo este acceso, al igual que el tema de educación, que no debe limitarse a la infraestructura, sino a mejorar la capacitación de los docentes”.
Para el caso de las alcaldías, comentó, la Carta Municipal no debe ser una “mera declaración de buenas intenciones, sabiendo con cuánto de recursos vamos, sólo entonces establecer una Carta, realista, aplicable y sostenible”, aclaró.
No obstante de la similitud de necesidades en las distintas regiones, sostuvo que la diversidad de criterios responden a asuntos de carácter político, aspecto que debiera superarse ante la necesidad de discutir el pacto fiscal, sin parcializaciones, sino teniendo en mente los tiempos económicamente difíciles que se avecinan, de modo que como país sea enfrentado de manera solidaria por todas las instituciones, es decir, desde el Gobierno central, las entidades subnacionales, departamentales y comunales.
COMPETENCIAS
La autoridad edil remarcó también que ambos instrumentos -pacto fiscal y estatutos- deben ser concordantes entre si y en función de las nuevas responsabilidades y competencias que se les ha asignado, sin que paralelamente cambie el criterio de asignación de recursos, de modo que exista una verdadera perspectiva unificadora, básicamente dirigida a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
En algunos casos –dijo Zusz- son criterios que vienen desde 1980 del siglo pasado, en lo que hace a la distribución de recursos de coparticipación, se siguen aplicando los criterios establecidos en la Ley 1565 de Participación Popular de 1994, afirmó.
POBLACIÓN
Señaló la obsolescencia de los criterios técnicos en el caso de La Paz, cuyos datos del censo estarían equivocados aspecto que desfavorecería a esta comuna, lo que demostraría que este asunto no se estaría tratando de manera global, en cuanto se refiere a la asignación de recursos a las distintas regiones.
APORTE ECONÓMICO
A decir de Zuzs, tampoco se toma en cuenta el aporte de recursos de La Paz a la economía nacional y su contribución a los distintos proyectos orientados al desarrollo integral de la nación.
OTRAS VOCES
La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, respecto al tema del pacto fiscal, señaló que la nueva distribución económica para los municipios y los departamentos es un derecho consagrado en la Ley de Autonomías.
La primera autoridad de la ciudad de El Alto, realizó estas declaraciones luego de que el ministro de Autonomías, Hugo Siles, pusiera en duda la capacidad de ejecución de los recursos económicos y la falta de la generación de recursos propios de los municipios y las autoridades departamentales.
“Es una pena que una representación nacional mienta en este sentido, porque la nueva distribución prácticamente es un derecho de los municipios y los departamentos, lograda a través de la creación de la Ley de Autonomías (…)”, sostuvo.
Portada de HOY |
1 Dólar: | 6.96 Bs. |
1 Euro: | 7.65 Bs. |
1 UFV: | 2.14421 Bs. |