Jubilados sufren por discriminación

El sector de los jubilados y rentistas del país confronta una suerte de indiferencia y discriminación por la sociedad, incluso de sus propios familiares; lo más preocupante es que sufre la discriminación del mismo Gobierno que lo excluye de los importantes beneficios económicos de los que gozan otros sectores. Estas personas, en sus épocas de juventud pusieron el hombro, aportando con su esfuerzo de trabajo al progreso y desarrollo del país, desempeñando funciones en distintas instituciones o empresas públicas y privadas, donde trabajaron entre 25 y hasta más años, aportando económicamente para su jubilación y atención médica. Aún hoy continúan aportando para tener derecho a la atención médica en la Caja Nacional de Salud (CNS).

En el área educativa han formado a generaciones de niños y jóvenes, quienes hoy son hombres y mujeres que conforman la sociedad boliviana. Sin embargo hoy, ya quebrantados de salud por la edad avanzada, vienen confrontando una suerte de discriminaciones al ser marginados de los beneficios de los que gozan otros sectores, como es el doble aguinaldo y sufren por la disminución en el porcentaje del aumento de sus rentas.

El permanente reclamo que hacen para ser incluidos en estos beneficios han sido vanos, porque el Gobierno nunca ha atendido sus pedidos; sin embargo se predica a los cuatro vientos que todos “somos iguales ante la ley”. Por todo ello, reclaman al Gobierno nacional el pago del “doble aguinaldo” y una renta justa que les permita llevar una vida digna.

En muchas oportunidades, el Gobierno ha manifestado que el “doble aguinaldo” es solamente para quienes trabajan en el sector “productivo”; pero en los hechos se ha visto que los más beneficiados con este beneficio son, precisamente, los que ganan altos sueldos en la “administración pública”, dietas elevadas en la Asamblea Legislativa y otros sectores que nada tienen que ver con lo “productivo”, sino con “servicios” que, a su vez, corresponde al sector “administrativo”, como establece la Ley del trabajo. Y son ellos quienes se llevan la parte del león de las arcas del Estado.

Otro problema agudo que aqueja a los jubilados es la atención médica, porque la Caja Nacional de Salud no cuenta con suficientes medicamentos en su vademécum, que permita solventar la atención médica especializada que requieren estos pacientes, por lo que se ven obligados a acudir a clínicas particulares, cubriendo con sus propios recursos; la Caja ni siquiera les reconoce los gastos erogados por esos conceptos. Si en alguna oportunidad son atendidos en la CNS, son programados para un plazo de entre tres o cinco meses después.

La CNS va rumbo al colapso, debido a la mala administración y la corrupción, que podrían llevar a la debacle total a esta institución aseguradora, si no se toma los recaudos del caso a tiempo. Con la aplicación de la Ley 475 que dispone la atención médica de la “población universal” se complicará mucho más su situación, que podría llevarla hasta a su desaparición. A todo esto, los jubilados que han venido sosteniendo con sus aportes a esta Caja, ahora tendrán que verse obligados a cargar sobre sus espaldas la atención médica de la “población universal”. Para evitar las consecuencias funestas que acarrearía esa ley, el Gobierno tiene la obligación de crear otros hospitales o cajas de salud que cubran las necesidades de atención médica de la “población universal”.