Gobernaciones y municipios deben administrar ingresos de recursos naturales

De acuerdo a la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización, las gobernaciones y municipios deben administrar los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios y las transferencias provenientes de regalías departamentales, por explotación de recursos naturales y otros, en ese sentido el analista José Luis Dorado dijo que el Gobierno debe iniciar pronto un debate por el Pacto Fiscal.

De acuerdo al artículo 107 de la Ley 031, las entidades territoriales autónomas (ETAs) deben administrar los siguientes recursos: las tasas y contribuciones de la venta de bienes y servicios en el marco de las competencias que le sean transferidas y delegadas, además los legados, donaciones y otros ingresos similares.

TRANSFERENCIAS

También deben administrar las transferencias provenientes de regalías departamentales por explotación de recursos naturales, establecidas mediante normativa vigente y la ley de gobierno autónomo departamental.

A eso se suma que las ETAs deben administrar los ingresos transferidos desde las entidades territoriales autónomas que las componen y también aquellos provenientes de las transferencias por delegación o transferencia de competencias.

En ese sentido, el analista se refirió al debate que inició el Gobernador de La Paz, Félix Patzi sobre el Pacto Fiscal, lo cual llevó a diferentes alcaldes y hasta universidades a pronunciarse al respecto y exigir una nueva redistribución económica.

Para Dorado es importante revisar el Pacto Fiscal a fin de beneficiar a todos los sectores del país, esto debe partir desde el Gobierno. “El pacto fiscal es para revisar sí esas competencias son sostenibles para las finanzas públicas bolivianas”, declaró.

Explicó que el Gobierno central optó por descentralizar los recursos a las nueve gobernaciones, pero en un lapso de tiempo, de 2008 al 2015, les confiscó más de 2.800 millones de dólares que iban dirigidas a salud, educación, caminos, empleos, recursos que fueron usados para pagar la renta dignidad y similares.

PACTO

Sin embargo, para el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, hablar de Pacto Fiscal a estas alturas es demasiado tarde, puesto que el precio del petróleo, en el mercado internacional, cayó en los últimos años.

En ese sentido, señala que tanto los gobernadores del país como los alcaldes llegaron tarde al debate y que el Gobierno actual hizo mal uso de los recursos económicos.

Para el expresidente, tanto el Gobierno, como las gobernaciones, alcaldías y universidades ya no deben apuntar solamente a las regalías del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sino que deben buscar otra fuente económica, sólo así se podrá solucionar el problema que actualmente se vive respecto al tema económico.

Sin embargo, el analista económico y experto en Pacto Fiscal, Dario Monasterio, sostiene que la crisis del bajo precio del crudo es un escenario ideal para debatir la redistribución de recursos a través de un Pacto Fiscal.

¿QUÉ ES?

El Pacto Fiscal es el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías, en el cual, a través de un proceso de concertación, se tratarán los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos, que son los temas pendientes del proceso constituyente y fundamentales para el desarrollo del país.

Es la oportunidad para un acuerdo entre actores socio-culturales, económicos y políticos, que definirá las bases para el desarrollo sustentable a largo plazo a fin de superar la pobreza y las inequidades en la generación, administración y distribución de la riqueza del país.

Permitirá cubrir, a través de un gran acuerdo nacional, las necesidades de salud, alimentación, educación, vivienda, seguridad ciudadana, establecidas en la Constitución Política del Estado. La CPE establece que de las 81 competencias referidas al ejercicio de los derechos fundamentales (como salud, educación, seguridad, entre otras) el 47 por ciento sea de responsabilidad de los gobiernos subnacionales.