Carlos Cordero
La detección preventiva de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por presunta corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), es una solución momentánea, ya que crecerá la presión para que la investigación se amplíe a ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.
Según el politólogo Carlos Cordero, las investigaciones del Ministerio Público podrían apuntar a citar a declarar a los ministros de Quintana y Arce, aspecto que está en espera, porque no se conoce nada oficial al respecto, pese a haber cuestionamientos de diputados de oposición.
Cordero, apoyándose en pronunciamientos de la oposición, dijo que las autoridades de Estado deben explicar el rol que cumplían en el manejo de Fondioc, porque se trata del movimiento económico de los sectores sociales ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS), aspecto que derivó en supuestos hechos de corrupción, por transferencias de dinero a cuentas particulares.
“Mientras el tiempo pase y los ministros no sean convocados a declarar, la presión de la población política y social aumentara, especialmente de las comunidades afectadas, como también del diputado Rafael Quispe, quien forma parte querellante en el caso Fondioc”, apuntó.
El analista recordó que la detención preventiva de la exministra Achacollo, por el caso Fondioc, fue por la presión social política y de medios de comunicación, aspecto que incomodó al Gobierno, porque es el caso de corrupción que ha estado afectando MAS.
“Las personas que administraron mal los recursos del Fondioc deben devolver dinero al Estado, al margen de estar en la cárcel, porque son grandes cantidades que se constituyen como pérdida”, indicó.
SIGMA
Cordero explicó que en caso de detectar que ministros hayan autorizado el desembolso de dinero, sin usar el sistema Sigma, debe ser investigado, porque violó la Ley Safco, que trata de administrar de forma efectiva los fondos del Estado.
Mencionó que cuando particulares adquieren dineros para proyectos, como es el caso de Fondioc, deben ser debidamente registrados en el sistema Sigma, aspecto que forma parte de las investigaciones del Ministerio Público y que estas deben ser supervisadas por autoridades.
“En caso que los ministros no supervisen las cuentas Sigma pueden estar cometiendo el delito de incumplimiento de deberes, porque es su responsabilidad constitucional”, apuntó.
Las cuentas Sigma fueron creadas para que se tenga un mecanismo de control, con la finalidad de que no existan manipulaciones de los dineros del Estado, con una respectiva rendición de cuentas constantes del que las maneja.
DECRETO
El Sigma, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25875, de 18 de agosto de 2000, debe controlar la gestión de recursos con absoluta transparencia, contemplar la generación de información útil, oportuna y confiable, la promoción economía, eficiencia y efectividad de la gestión pública; interrelacionar los sistemas de administración financiera con los sistemas de control interno y externo, además de la interacción con los Sistemas de Planificación e Inversión Pública, mediante la Programación de Operaciones y el Presupuesto Asimismo; enviar información sobre resultados de gestión al Sistema de Seguimiento de Resultados.
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Por su parte, el asambleíta departamental, Edwin Herrera, aseguró que los ministros Quintana y Arce eran parte del directorio del Fondioc, y es un elemento a tomar en cuenta, porque es la misma situación de la exministra Achacollo.
“Son altas sumas de dinero que se está perdiendo; es lamentable que se haya tardado mucho en detener a Achacollo. Estamos esperando que las investigaciones acaben y que haya sentencias y se proceda son otros juicios para recuperar el dinero”, afirmó.
OPOSICIÓN
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, indicó que el ministro Arce tiene responsabilidades en la transferencia de dineros a cuentas particulares, porque formaba parte del directorio del ex Fondioc, junto a la exautoridad Achacollo.
“Cada movimiento del proyecto debe ser registrado en este sistema (Sigma), por lo cual es un elemento más que involucra al ministro de Economía, Banco Central de Bolivia BCB y a la Contraloría General del Estado”, dijo la legisladora.
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, señaló que Arce debe ser investigado, porque en la actualidad solo Achacollo está en la cárcel, siendo que ambos forman parte del directorio del ex Fondioc.
“No puede ser que se investigue a fondo a dirigentes campesinos y directores del ex Fondioc, cuando hay responsabilidades del directorio por falta de control y fiscalización de los fondos”, expresó.
OFICIALISMO
Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Basilio Velásquez, considera que el ministro Arce no tiene responsabilidad en las trasferencias de dinero a cuentas particulares, porque el que regula esta instancia es el Ministerio de Hacienda.
“Se deben indagar datos del Ministerio de Hacienda, porque esta cartera está a cargo de los desembolsos de dineros para cualquier proyecto”, aseguró.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, o sea el diputado desconoce el proceso que modificó los ministerios en la gestión de Evo Morales.
Para el diputado del MAS Édgar Montaño, la Fiscalía es la que determina responsabilidades, aspecto que ya lo hizo con la exministra Achacollo, quien dejó conforme al legislador, porque los proyectos del ex Fondioc pertenecen a esa cartera.
DATOS
- Informe de la Contraloría General del Estado reveló que 153 proyectos del Fondo Indígena tienen un presunto daño de 71 millones de bolivianos, un monto más elevado fue constatado por la interventora, Larisa Fuentes, el cual haciende a 102 millones de bolivianos.
- Otro informe de Larisa Fuentes, liquidadora del ex Fondioc, indica que existe un presunto daño económico de 102 millones de bolivianos de 1.100 proyectos observados por su persona, porque estuvo en plena auditoría,
- Asimismo, Fuentes anunció que para el presente mes tendrá listo el informe final, que revelará el verdadero daño económico.
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