Informalidad en datos oficiales

La información oficial debería tener el sello de la veracidad incuestionable, porque se tiene a disposición los datos precisos de cuanto acontece en todos los órdenes del país.

En este orden, los 21 ministerios que existen -cifra excesivamente alta en relación con otras naciones de mayores dimensiones que la nuestra- deberían estar al día con la información oficial y de ello darle cuenta, también con la misma frecuencia, al Presidente de la República.

Como quiera que el Mandatario ha optado por hablar diariamente en discursos y declaraciones de prensa y, con frecuencia tiene que sustentar con cifras los argumentos que quiera exponer, lo correcto es que cuente con el respaldo oficial necesario, de manera que su palabra sea la definitiva e incuestionable.

Esto, sin embargo, no ocurrió la semana anterior. El Presidente dio un día cifras que a todas luces parecían formales y merecedoras de todo respeto y aplauso por su sinceridad y, consiguientemente, ser utilizadas por la prensa y los analistas y comentaristas políticos. Sin embargo, a las pocas horas, lanzó otros datos que, en el fondo, no guardaban la adecuada relación con las anteriores.

Parecía ser que los nuevos enfoques se acomodaban más a las conveniencias políticas del oficialismo que a la formalidad que se supuso guardaban los anteriores. Por lo menos, ello sucedió a manera de interpretación, con lo que los datos y conclusiones anteriores colisionaban y, al final, los bolivianos han quedado inseguros, sí acaso no desconcertados, con los nuevos datos e interpretaciones del propio Mandatario.

En casos en que se prefiere priorizar las interpretaciones políticas, entonces es mejor no referirse a datos que indujeron a entender que las cosas no estaban bien y que era de esperar acciones oficiales encaminadas a darles solución administrativa, por lo menos en aquellos casos en que internamente puedan ser reducidos o resueltos.

Con este comportamiento gana el crédito oficial, pero además induce a que personalidades de los ámbitos políticos, económicos y otros estudios que tienen que ver con los asuntos públicos empiecen a meditar sobre soluciones que podrían sugerir para resolver los problemas más apremiantes, como aquellos del crecimiento del desempleo y las cifras rojas del Producto Interno Bruto (PIB).

De su parte, al Gobierno le corresponde accionar en consecuencia. Es decir, imponer severas medidas de austeridad para reducir los gastos públicos y de esa manera emplearlos en el fortalecimiento de los sectores administrativos y operativos que requieren un refuerzo financiero adicional, para resolver los problemas identificados tan claramente por el Presidente.

Empero, al no producirse ello, fácilmente se interpreta que si los gastos oficiales siguen creciendo sin freno, es porque se supone que se espera que la divina providencia resuelva aquellos problemas que simple y llanamente son administrativos; por tanto, las autoridades no tienen que preocuparse por actuar en consonancia con la crisis que confronta Bolivia en la actualidad.

Por ningún lado se puede soslayar esta realidad, desde el momento en que, por datos de organismos que dedican sus mayores esfuerzos a realizar los estudios de la situación económica del país, del día a día, extraen conclusiones como aquella de que este año el país tendrá la mitad de los ingresos del año pasado, tanto por la caída de los precios de los hidrocarburos (léase principalmente gas natural) y los minerales.

De otra parte, los 21 ministerios parecen dormir el sueño de los justos, porque no aportan con las iniciativas que les atañe formular, para justificar su existencia. Y si alguno de ellos toma la palabra, generalmente es para pintar a su gusto la realidad de la economía nacional.