Reducción en entrega de fondos a La Paz posterga plan de desarrollo

El gobierno local de La Paz debe contar con un ingreso anual promedio de 300 millones de dólares para cumplir con su plan de desarrollo integral de largo plazo (2014 – 2040) con la ejecución de obras de inversión. Esta reducción en las transferencias que efectúa el Gobierno central es compensada con fondos propios provenientes de la recaudación impositiva y por la venta de servicios.

Las proyecciones de transferencias previstas por el Ministerio de Economía y Finanzas que no se han logrado cumplir son compensadas con recursos municipales para priorizar la gestión en las áreas de salud y educación, principalmente, lo que implica menos 40% de recursos que provenían por hidrocarburos postergando el desarrollo local, afirmó el Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo Jiménez.

Afirmó que este impacto en el gobierno local es mayor, toda vez que las programaciones son efectuadas en función de las transferencias previstas, por lo que es previsible la postergación del desarrollo de la sede de Gobierno en el largo y mediano plazo.

Actualmente, el presupuesto de la ciudad de La Paz alcanza a Bs 1.859 millones. De los cuales el 50% corresponde a ingresos propios, el 35% (Bs 595.7 millones) a la coparticipación tributaria, sumados 9% (Bs 160 millones) por transferencia del Impuesto Directo por Hidrocarburos (IDH) y un mínimo restante proveniente de fuetes externas orientados a cumplir los compromisos del mileno asumidos durante pasadas gestiones.

“Los ajustes en la orientación para la ejecución de proyectos tienen que ver fundamentalmente con aspectos administrativos y gastos de funcionamiento, no así con costo a las necesidades de inversión”, puntualizó.

MODIFICACIONES A LEY DE AUTONOMÍAS

Esperar hasta en 2017 para reconfigurar un nuevo Pacto Fiscal es un mecanismo de dilación por parte de Gobierno central orientado a generar mecanismos de redireccionamiento de algunos fondos como el programa “Evo Cumple” o el relanzamiento del Fondo de Desarrollo Indígena Campesino, pero de ningún modo tocar los recursos de coparticipación, según afirmó el analista y abogado constitucionalista Williams Bascopé.

En opinión del analista, una nueva distribución de los recursos de coparticipación tributaria debe ser concertada a la luz de una normativa concertada y no así en una “convocatoria para cumplir cierta formalidad sólo a fin de mantener calma en el escenario político”.

Señaló que el Gobierno no expresa el desprendimiento que exigen revisar las asignaciones económicas, debido esta acción implica ceder poder político mediante la ejecución de proyectos que hacen a las atribuciones regionales.

“Aún es el Ministerio de Economía y Finanzas el que aprueba los Planes de Operativos y de desarrollo de las regiones, gobernaciones y municipios estos deben ejecutar sus proyectos de manera autónoma”, remarcó, a tiempo de ratificar una clara obstrucción de la administración central en el de un nuevo Pacto Fiscal.

“El Estatuto Autonómico ni las Cartas Orgánicas van a tener elementos de distribución financiera más allá de lo que les da el Gobierno”, agregó.

No obstante, aclaró que si bien las alcaldías tienen opciones para gestionar sus recursos mediante los impuestos tasas y patentes, éstos deben ser invertidos en el ámbito de servicios y desarrollo urbano y no generar empresas para suplir las obligaciones de la administración central.