Delictivo loteo de propiedad privada y pública

Aunque esta actividad no es nueva, en los últimos años se ha convertido en uno de los mayores delitos de apropiación ilegítima de amplios espacios de terrenos, cuyas víctimas son los propietarios de esos terrenos y a la Municipalidad de La Paz, debido a que se le usurpan espacios habitables, pero asimismo áreas verdes (jardines).

Esta actividad delincuencial se la comete mediante actos de fuerza, amedrentamientos y hasta amenazas de muerte, aprovechando la inercia de las autoridades no solo municipales sino también regionales, porque de esta manera se pretende extender jurisdicciones territoriales rurales hasta zonas totalmente urbanizadas, como ocurre actualmente en Calacoto, Achumani, Irpavi y otros barrios.

Los loteadores asaltantes no dejan de tener argumentos que pretenden exhibirlos como lícitos. De esta forma, muestran presuntos títulos de propiedad ancestral, sin considerar que las áreas urbanas y rurales en tiempo remotos no tenían mayores diferencias limítrofes.

Sin embargo, tanto el Instituto Geográfico Militar como la Municipalidad de La Paz hace mucho tiempo determinaron los límites urbanos y rurales, en función de las atribuciones que tienen para tales efectos, con lo que quedaron automática y legalmente determinadas sus respectivas jurisdicciones territoriales.

Los recursos presuntamente argumentales no quedan ahí. Como se trata de bandas delictivas bien organizadas, han optado por cometer otros delitos. Vender los lotes de los que se apropiaban una y otra vez, de manera que, a la hora de apelarse a los medios legales, resultan que los propietarios de los lotes son varias personas o familias.

De manera, los legítimos propietarios resultan ser despojados de sus lotes por dos, tres y más presuntos dueños, cada uno de los cuales exhibe documentación fraguada pero que, lamentablemente, comprometen a la propia Oficina de Derechos Reales, porque en cada uno de esos casos están dando el crédito legal de propiedad a cada documentación falsa.

Pero, además, sucede algo que es muy cuestionable. Varios inmuebles y tal vez hasta algún edificio construido en los barrios mencionados inscriben sus derechos de propiedad en provincias que están comprometidas con las estafas, con el doloso y repudiable propósito de pagar impuestos inferiores a los que, en derecho público, cobra el municipio de La Paz.

En esta página se ilustra con más detalle este asalto que se está produciendo contra la propiedad privada y pública.