Politizada Defensoría del Pueblo

El manejo político que está imprimiendo el señor David Tezanos Pinto a la Defensoría del Pueblo, empezando por su designación, evidencia el control absoluto de todos los resortes de la Administración Pública que viene ofreciendo el oficialismo. No en vano, desde los primeros días de estos 10 años de Gobierno, tanto el presidente Evo Morales como su entorno inmediato afirmaron que tenían el Gobierno, no el poder, pero que lo coparían por completo, sentencia de claros tonos totalitarios que hace tiempo se ha ejecutado a cabalidad, aunque en el caso del Defensor del Pueblo incurran en confusión sobre el rol que debe cumplir en la sociedad.

La prueba de lo observado es el despido de la Defensoría de 30 servidores entre consultores en línea y funcionarios para sustituirlos con allegados al partido de gobierno y, más aún, el nombramiento de 6 Defensores Departamentales del Pueblo de militancia masista o muy próximos a ella, de los correspondientes a los 9 departamentos del país. Entre los 6 evidenciados como gobiernistas, no faltan quienes se retratan en acciones proselitistas con el puño izquierdo en alto y los que se registran en las redes con el “sí” en el referéndum de febrero pasado. Se dan por seguros despidos de la misma naturaleza en las 9 Defensorías Departamentales.

El Defensor del Pueblo se presta, pues, complacido al pago de la factura que lo habilitó para el cargo mediante los dos tercios incondicionales que el oficialismo tiene en la Asamblea Legislativa. Esta designación políticamente interesada demuestra que los círculos de poder no asimilan el carácter incuestionable de esta función, cuya condición primaria es su independencia e imparcialidad para cumplir su rol y papel en servicio de la colectividad.

Es obvio suponer que quienes lo acompañen estén también alejados de cualquier compromiso partidista. Menos aún se puede confundir la Defensoría con un espacio burocrático o de simple “peguismo” para dar contento a los militantes partidistas.

En la perspectiva señalada no es difícil entrever que quienes no acrediten la militancia aludida, no encontrarán el amparo esperado de la Defensoría del Pueblo. Ocurre que las quejas y requerimientos de los ciudadanos se originan en injusticias, postergaciones y agravios recibidos de las distintas autoridades y niveles de la Administración Pública, con la esperanza de encontrar amparo. Siendo la Defensoría una dependencia más del Gobierno, dichas esperanzas caerán en el vacío y la decepción.

En cuentas claras, se cierra para la mayoría ciudadana otro refugio contra los atropellos de Estado leviathan, como a su turno se cerraron las puertas de la Policía, del Ministerio Público (fiscales), de la Justicia y de la Administración.