Casos de trata y tráfico, sin juicios

Es alarmante cómo la falta de un funcionamiento eficiente, honesto, responsable y cumplidor de las leyes como debe ser el Poder Judicial, determina que de “3.534 denuncias de trata y tráfico humano, solo ocho casos tengan sentencia judicial”. El caso es más que preocupante porque muestra la inutilidad de un poder que debería ser el primero y más eficaz que defienda los derechos humanos, que aplique las leyes y que dé confianza a la población.

Según informe del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, entre el año 2005 y mayo del presente año, se ha registrado 3.534 denuncias sobre trata y tráfico de personas, y se conoce que, “recién a partir del año 2012, solamente ocho casos habrían tenido sentencia judicial”. Por su parte, el Viceministro de Seguridad Ciudadana, al ratificar los datos, indicó solamente que “se solicitará un informe a las autoridades judiciales”.

Las revelaciones sobre el grave problema indican que “en el seguimiento de las denuncias por un lado están los problemas cotidianos de la justicia boliviana porque existe retardación de justicia, el tema de la aplicabilidad de la norma, el desarrollo de conocimientos por parte de los autores clave del sistema que puedan seguir adecuadamente los casos; por otra parte, está la problemática de la sociedad que invisibiliza las denuncias por temas culturales, busca culpables en terceras personas y provoca que las víctimas sean convencidas de que ellas son responsables del abuso”.

El informe “Plan Nacional 2015-2019” que apunta a la llamada “esclavitud del Siglo XXI”, indica que Bolivia es “un país de origen, tránsito y destino de trata y tráfico de seres humanos cuyos fines son fundamentalmente la explotación sexual, laboral, servicio doméstico servil, trabajo en las zafras, la minería y la mendicidad forzada”. Según el informe, la explotación sexual de menores es primordial para este tipo de organizaciones que comercian con trata y tráfico. Según estudios de la OEA “Bolivia es uno de los cinco países con más casos reportados en trata y tráfico humano”.

Sin embargo, la Policía señala algo que es extraño y contradictorio: “del total de denuncias sobre personas desaparecidas, en promedio el 65 por ciento retorna a su hogar, el 35 por ciento son resueltos”. Surge, pues, la pregunta: ambas cifras dan el 100 por ciento y ¿dónde están los casos no resueltos? ¿Para qué incluir al total de 100% si han retornado a sus hogares o fueron resueltos por la Policía?

Otros informes anotan los casos que ingresaron a fiscalías pero sin anotar, ni ligeramente, cuántos han sido tratados, estudiados y considerados hasta llegar a sentencias por parte del juez correspondiente. Por su parte el Tribunal Supremo de Justicia “registró el año 2014 la apertura de 184 procesos por estos crímenes, de los cuales se emitió 11 sentencias, una de ellas absolutoria”.

Este grave problema tendría que ser encarado, honesta y responsablemente, por el gobierno en todas sus instancias.