El gobierno, no obstante la corrupción que hubo en el Fondioc y cuyas investigaciones aún no concluyen, ha decidido reactivar el Fondo Indígena que ha implicado la distribución, gratuita y graciosa, de nada más que de 102,2 millones de bolivianos que han sido entregados a veinte dirigentes campesinos con autorización de quien ejercía funciones de ministra de Estado y que hoy está sometida a juicio.
Para la comunidad fue muy extraño que, habiéndose desarrollado tanto escándalo en relación con el Fondo Indígena y la manera discrecional en que fue manejado, se ha dispuesto que continúe en funcionamiento, seguramente con base en una planificación más efectiva que la anterior. Para la comunidad nacional -seguramente incluido el partido de gobierno- lo que correspondía es que, previamente a todo lo que se haga para su nueva marcha, se investigue, identifique a todos los recipendiarios de dinero, se les exija rendición de cuentas y se establezca claramente qué se ha hecho o si efectivamente hubo inversiones dignas de consideración; en caso contrario, que se exija devolución de los dineros entregados.
El Fondo de Desarrollo Campesino puede y debe funcionar, pero sobre la base de dotes de honestidad y responsabilidad, con un manejo honrado de los fondos entregados y, sobre todo, con proyectos que hayan sido examinados y comprobado que pueden ser ejecutados. No cabe que, otra vez, esté librado al “buen criterio” o “buena voluntad” de algunos dirigentes campesinos que, se ha visto, solamente obedecieron a sus propios caprichos e intereses, haciendo abstracción total de los intereses comunitarios.
La distribución discrecional de dineros del Estado no corresponde y en cualquier caso tienen que estar supeditados a principios elementales de honestidad, exigiendo que los administradores lo hagan respondiendo a planes y proyectos debidamente planificados y alejados de cualquier posible falta o delito de corrupción; no pueden ni deben ser “arcas de tentación” para quienes no tienen valores ni principios y se valen hasta de la buena fe de las autoridades que entregaron dineros sin cumplir las condiciones señaladas por las leyes.
Por su parte, es preciso que las autoridades administradoras de los dineros del Estado actúen conforme a normas, que escojan muy bien a quienes merezcan confianza, que los proyectos sean factibles, que el personal que conforme la entidad esté debidamente capacitado y sea poseedor de mucha honestidad; de otro modo, es “tirar dinero a aguas turbulentas”.
La lección que pudo haber dado a las autoridades el caso Fondioc sería muy bueno que sirva para no cometer los mismos yerros que no solo causan daño al país, sino que desprestigian al gobierno que, se supone, debe guardar la prudencia, compostura, tino y delicadeza necesarios con los bienes del Estado. Es preciso, pues, que la indicada organización no sea reinstalada nuevamente hasta que se establezca, mediante auditorías serias y precisas, qué es lo que ha pasado, se identifique a los culpables para que purguen sus faltas conforme a las leyes.
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