Las contradicciones sobre las cooperativas

Los graves incidentes que se han producido en torno al conflicto del sistema cooperativo minero y el Estado han reflotado contradicciones cuya existencia provoca dificultades políticas de consideración, entre ellas crear inquietud entre la población y perfilar el peligro de desestabilización del actual estado de cosas.

En primer lugar, el embrollo que se originó en una reforma de la Ley de Cooperativas, lo único que hizo fue agravar la situación de malestar social que predomina en el país, pues, detrás de los resultados de cuatro referéndums (todos contrarios a los intereses gubernativos), se presentaron los casos del Fondo Campesino y la señora Achacollo, el asunto de la señora Zapata, seguidos de las denuncias contra la firma china CAMC, las tres huelgas generales protagonizadas por los obreros de industrias, la sequía y otros de no menor magnitud, y ninguno creado por la oposición, conformando una situación general de intranquilidad.

El asunto de las cooperativas mineras resultó el más preocupante porque derivó en enfrentamientos con resultados de heridos y detenidos entre los trabajadores, así como dolorosos efectos para las fuerzas del orden, dando paso a un círculo vicioso con mayores complicaciones. La intransigencia de las partes en conflicto derivó en un antagonismo que solo podía resolverse por métodos extremos.

Pero lo notable del caso es que estando los cooperativistas mineros respaldados por la Constitución (artículos 306 y siguientes), fueron objeto de represión por causas que con alguna flexibilidad pudieron resolverse sin necesidad de que la violencia llegue al río. Ya en alguna oportunidad se indicó que el Estado como Pater Familias no estaba procediendo en ese sentido y, finalmente, estaba actuando contra sus principios así como los constitucionales, actos atribuibles al deficiente asesoramiento a las autoridades ejecutivas.

Al parecer la causa principal del enfrentamiento Estado-cooperativistas fue el referido a la organización sindical de los trabajadores que integran esas organizaciones productivas. Al respecto, se pudo constatar que quienes salieron a los caminos y calles a luchar contra los proyectos del Gobierno fueron precisamente los trabajadores a la par que los “empresarios “cooperativistas. Es más, estos “obreros” estaban luchando a favor de lo que se podría considerar la parte patronal y no hicieron referencia al interés sindical. En última instancia, quedó visible que los más interesados en no organizarse en sindicatos fueron los que aparecían como obreros o trabajadores de las cooperativas y, por tanto, oponiéndose a los proyectos oficiales.

A esos antagonismos se sumó el relacionado con la propuesta de los contratos de las cooperativas con capitales extranjeros, aspecto que merece seria reflexión de la parte oficial, la misma que se estaría deslizando de un nacionalismo inoportuno a un chauvinismo cada vez más acentuado.