Cada cierto tiempo, con mayor insistencia, desde las esferas gubernamentales se busca distintos recursos para someter a los medios independientes. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) con toda propiedad emitió un comunicado en que el término calificativo que utiliza es el de asfixia.
Resulta incomprensible que, bien o mal, tiene origen democrático y, sobre esta base, cada vez que le resulta necesario alega esta su condición. En el sentido más comprensible, puede explicarse, pero en caso alguno se justifica.
En cierto modo, como se indica, puede ser explicable, pero solamente para el consumo internacional, ya sea cuando se hace visitas al exterior o cuando se recibe en el país visitas de grupos de otros países, que no siempre están bien informados de la realidad política nacional.
Pero, conscientemente, no pueden pasar por alto las autoridades gubernamentales que están incurriendo en un ilícito, pues desde el poder se abre juicios políticos seguros de obtener alguna sanción para el encausado, debido que todo el Órgano Judicial carece de independencia para cumplir tan delicada función.
Tampoco resulta apropiado que ante la posesión de nuevos presidentes, emergidos de las urnas, a título de tener el mismo origen y supuestamente ser demócrata en el ejercicio del poder, se participe de una fiesta de tal índole.
Aparte de este y otros ejemplos parecidos, resultó pertinente que la ANP apele al adjetivo de asfixia para exteriorizar la dura realidad que están confrontando los medios de comunicación, principalmente los audiovisuales, al ser discriminados para otorgarles la publicidad oficial.
Estos medios sobreviven con la publicidad del empresariado privado y de los distintos organismos oficiales. En el primer caso, cada año disminuye en cantidad, seguramente por razones muy comprensibles por sus experiencias. En el segundo caso, resulta inaceptable que haya discriminación en la publicidad oficial.
De una parte, tiene a su entera disposición los medios oficiales -televisión, radio e impresos-, aparte de que en los últimos años ha ido comprando medios privados, para sumarlos a aquellos. Y, por último, a los que quedan se los segrega de la publicidad oficial -financiada con fondos públicos-, por tratar de mantener su independencia.
La conclusión elemental de todo esto que está sucediendo con los medios de comunicación independiente es que, virtualmente, se pretendería someter a todos a las conveniencias e interés del oficialismo.
Al respecto, la ANP, en apoyo legal al juicio que emitió, en Bolivia se está violando el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la que el país es uno de sus suscriptores. De lo contrario, lo pertinente sería que oficialmente se anuncie su desistimiento de tal adhesión. Un mínimo de honestidad así lo exige. Así, en Bolivia los medios independientes subsisten sobre a lo que se atienen y en el exterior se conocerá que en este país públicamente no hay libertad de expresión y de prensa.
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