Oposición pide investigar a liquidadora de Fondioc

El Ministerio Público debe investigar a la liquidadora Lariza Fuentes, del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), porque fue designada por la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, pidieron parlamentarios opositores.

“No entiendo por qué la Liquidadora del Fondioc no es procesada por la Fiscalía. Recordemos que la funcionaria fue designada por Achacollo, aspecto que debería tomar en cuenta el Ministerio Público”, afirmó la legisladora de Unidad Nacional, Jimena Costa.

En criterio de la parlamentaria, el informe de la liquidadora Fuentes es poco claro, porque habla de un presunto daño económico al Estado de 102 millones de bolivianos, estimación que no está acorde con los datos del Ministerio de Economía, que indica que desembolsó 3.167 millones de bolivianos.

TRABADORES CAMPESINOS

Costa indicó que el 80 por ciento del Fondioc fue manejado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob “BS”), aspecto que aún de ser profundizado por la Fiscalía que no está en el informe de la Interventora Fuentes.

En caso de que los dirigentes comiencen con la devolución de dinero de los proyectos del Fondioc, no se solucionará el tema, porque en la actualidad existen 20 detenidos preventivos y se desconoce el paradero del dinero que administraron, según la legisladora.

LA PAZ

En tanto, la asambleísta departamental de La Paz, Claudia Bravo, de Unidad Nacional (UN), denunció que la interventora Fuentes no responde a las peticiones de informes, porque hay parlamentarios oficialistas que figuran en los informes de la funcionaria estatal.

“Esperamos obtener el informe completo, porque se trata de proyectos que debieron beneficiar a pueblos indígenas de La Paz, aspecto que aún no se aclara y que no quede en la impunidad”, explicó.

OFICIALISMO

Por su parte, la diputada del MAS Sonia Brito indicó que, en caso de haber daño económico, se deben establecer responsabilidades penales, sobre los que están siendo investigados. Estos aspectos deben ser tratado por la Procuraduría General del Estado, añadió.

“De todos modos, hasta que el Órgano Judicial en su conjunto no termine las investigaciones, es muy prematuro hablar de daño económico”, señaló.