Expertos proponen redistribución de recursos y autonomía administrativa

Expertos en economía coincidieron en la necesidad de una redistribución de los recursos económicos, para asignar mayores ingresos a los niveles subnacionales, a través del traspaso de algunos impuestos, trámite que necesariamente debe contar con una instancia de control social, propuesta que también deberá ser efectivizada con la aceptación del Gobierno central.

La Fundación Jubileo, a través de su representante el economista René Martínez, afirmó que en los diez años del súper precio de las materias primas no se organizó ni diversificó la economía y propuso un reordenamiento, basado en un estudio de costos y competencias, sobre el cual se basaría una nueva distribución de los recursos, a todos los niveles del Estado.

Explicó también que según la actual distribución, el Gobierno dispone de un 72% de los ingresos por impuestos, los municipios el 21%, gobernaciones el 7,6%, universidades 5.4%, renta dignidad 2,6% y el fondo indígena 0.4%. Aclaró que por efecto de la distribución de las regalías del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) existen grandes desigualdades entre los departamentos del país.

El especialista en política tributaria Leonardo Ugarte planteó que para llegar a un verdadero proceso de descentralización, con mayores ingresos a los gobiernos subnacionales, el Gobierno central debe derivar los recursos del IDH, el Impuesto al Consumos Específico (ICE) y el Impuesto al Valor Agregado (RC IVA). Explicó que estos impuestos sumarían unos Bs 6.134 millones, un 10% del total de ingresos tributarios que actualmente administra el nivel central.

Asimismo, el especialista en planificación, José Camargo, acotó que en el período de privatización, por los bajos ingresos, los gobiernos adoptaron una serie de mecanismos para controlar el gasto público, posteriormente, después de 2006, los ingresos se incrementaron exponencialmente por el alza en el precio de las materias primas pero, no obstante, se mantienen muchos de los sistemas antiguos de control estatal.

En este sentido, sugirió el cambio de estos mecanismos de control. Aclaró que la Constitución señala que la administración general del Estado tendrá acceso irrestricto a la información económica de todas las instituciones, pero no así al control de las mismas. En su opinión, es importante la renovación de estas normas o mecanismos de supervisión para establecer una real autonomía de las instituciones subnacionales, donde cada entidad deberá tener sus propias instancias de control.

Por su parte, el ingeniero Iván Finot planteó que la actual distribución es desigual y que el ingreso por IDH aumenta las desigualdades, porque se parte de la tenencia de las reservas de hidrocarburos en cada región.

En este sentido, propuso que los recursos se distribuyan de acuerdo al número de habitantes y su trabajo, y no por la suerte de una región de ostentar riqueza extractiva, como sucede actualmente.

Señaló que al igual que en las comunidades rurales, se debe realizar aportes para el logro de los objetivos, los denominados impuestos en las ciudades, pero que el control y destino de estos recursos deberá ser transparente y contar con la venia de sus habitantes. Lo que se traduce en que algunos impuestos generados por sus habitantes sean dispuestos, según las preferencias de sus aportantes, es decir autonómicamente y con aportes centrales, para la nivelación de aquellos sectores que por sus carencias aporten menos.

Para el exministro Carlos Hugo Molina, todas las alternativas planteadas son importantes, pero adelantó que si no existe voluntad política no será posible la realización de las mismas. En este sentido, planteó realizar un estudio de las condiciones y la realidad actual de cada región, porque no son las mismas de hace más de 50 años.

“En 1950, el 74% de la población era rural y solo el 26% urbana, ahora sucede lo contrario, el 75% está en la ciudades y solo el 24% en el área rural, fenómeno que es una tendencia mundial y que en el caso de Bolivia se debe a la falta de incentivos a la producción en el área rural”, dijo.

Explicó que esta tendencia migratoria es consecuencia de la falta de condiciones para los pobladores del área rural. “En unos dos censos más, en 2032, técnicamente se tendrá un millón de kilómetros cuadrados deshabitados en el campo, por falta de condiciones”, dijo a tiempo de afirmar que con ello aumentará la importación de alimentos.

“Solo el año pasado se importó $us 1.100 millones de papa, tomate, ajo y fruta, por la falta de producción en el campo”, acotó.

Concluyó afirmando que se tiene que empezar a construir un país distinto, porque no hay conciencia ecológica en la población y se precisa que gobernadores y alcaldes del país le digan al Primer Mandatario que deje de hacer sus competencias para planificar correctamente al país.