Álvaro Numbela T.
En fecha 17 de agosto de 2016, dentro del Poder Judicial boliviano querido por el pueblo pasaron muchas cosas. Por lo tanto, de entrada señaló que no puede haber una represión institucional para un poder del Estado que tiene la llave maestra del edificio político: el Poder Judicial, que al margen de tener el rango de tal, está llamado a corregir los desbordes institucionales. Veamos a continuación estos dos aspectos.
LA REPRESIÓN INSTITUCIONAL
Como si nada pasara, la prensa nacional dio cuenta que “el Consejo de la Magistratura destituyó a 13 jueces y suspendió temporalmente a 104” (1).
¡¡Qué espanto!!... La gran performance corresponde a la Comisión de Faltas disciplinarias del Consejo de la Magistratura. El órgano administrativo agregó que su actuación para los señores jueces -en el ejercicio de sus funciones- no es una persecución. Entonces la represión tendría que ser mejor que la del Festival de Saint Jordi (Barcelona, España), donde a los caballeros se les regala un libro y a las damas una rosa.
En las expandidas atribuciones creadas para un CM, se puede destacar: la Unidad de Transparencia, Juzgados Disciplinarios, apreciable tecnología; y todavía el consentimiento del Tribunal Supremo para hacer esto o lo otro.
Simple y llanamente, salta a la vista que es de extrema gravedad diezmar la débil dotación del personal judicial. Para semejante actuación no pueden ir nuestras felicitaciones, menos nuestra aprobación para un gobierno que precisa superar su aceptación en la base social
LA IMPORTANCIA DE UN PODER JUDICIAL
La actuación del Consejo de la Magistratura resulta tanto peor que la de una Fiscalía (Ministerio Público) que, siendo un mero auxiliar de la Justicia, hoy puede hacer justicia y puede decir oficiosamente, antes de todo proceso, qué cosas van y qué otras cosas no van como delitos.
Por las razones señaladas, el pueblo de Bolivia no conocerá en mucho tiempo a un Poder Judicial INDEPENDIENTE; como acontece en el Brasil, en la Argentina, donde -en el primer caso- a la presidenta Dilma Rousseff se la pone en la calle y en el segundo caso, Mauricio Macri soportó la primera gran derrota, cuando la Corte Suprema de Justicia presidida por el Dr. Ricardo Lorenzetti hizo gala de su INDEPENDENCIA y señaló: “que el gobierno subió las tarifas sin hacer audiencias públicas y eso es inconstitucional” (2).
La función pública de un Estado tiene por misión fundamental combatir los excesos de las concepciones político-sociales y afirma su trabajo en el principio rector de una estructura básica para su supervivencia (la división de poderes). Hay que recuperar la credibilidad que han perdido y ganar el orgullo institucional, de trabajar como servidores públicos, del bien, la cultura y la moral.
1.- Correo del Sur: Destitución de Jueces. Sucre, 17 de agosto de 2016, Pág.1.
2.- Clarín: La Corte Suprema frena las subidas del precio del gas. Bs. As., Argentina, 18 de agosto de 2016. Pág.1.
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