Conflicto de cooperativas
• La diputada del PDC teme que las inducciones de los decesos en enfrentamiento entre cooperativistas y la policía, quede impune como los hechos de Chaparina y Porvenir. • Según la legisladora de UD, los legisladores recordaron el sometimiento del Órgano Judicial del Gobierno, lo cual puede impedir una indagación de los hechos de modo imparcial.
Los parlamentarios de la oposición exigen al Ministerio Público celeridad en las investigaciones, por la muerte de tres cooperativistas y del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y advierten de que los operadores de justicia dependen de las decisiones del Gobierno Central.
Para la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, el Ministerio Público está sometido al Gobierno, y lo demuestran los casos de la masacre de Chaparina y de Porvenir, donde afirmaron que se rompió la cadena de mando en la Policía y los enjuiciaron a los uniformados, cuando éstos están a cargo del Ministerio de Gobierno, cuya repartición de Estado permitió que sucedan los decesos, aspecto que espera que no se replique en la muerte de la autoridad Illanes y tres cooperativistas.
FISCAL GENERAL
Recordó que el Fiscal General, Ramiro Guerrero, fue designado por la mayoría de la bancada del MAS del Legislativo, además de tener apoyo del presidente Evo Morales, la que muestra que es poco probable que se encamine buen rumbo de las investigaciones del caso.
“Como puede ser posible que los ministros de Gobierno, Carlos Romero, de Minería y Metalurgia, Cesar Navarro y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hayan permitido que el viceministro Illanes se dirija al bloqueo de la carretera Oruro - La Paz, con la situación tensa; y los cooperativitas demuestran que los policías estaban con armas de fuego; las autoridades de Estado deben ser enjuiciadas para establecer responsabilidades”, expresó la Diputada
COMISIÓN ESPECIAL
Piérola afirmó que en el legislativo debe crearse una comisión especial de investigación, aspecto que debe ser imparcial y equitativa, porque puede ser como el caso de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, quien presuntamente cometió tráfico de influencias; pero la comisión, la mayoría, era oficialista y la investigación salió a favor del Gobierno.
“Sabemos que en caso de darse la creación de la comisión del Legislativo, la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), hará lo posible por hacer valer su mayoría, con la finalidad de proteger a las autoridades de Estado, que tienen grado de responsabilidades por las muertes”, sostuvo.
Anunció que otras acciones tienen que ver con la conformación de una comitiva de oposición, para investigar el hecho de los cuatro fallecidos, con la finalidad de aportar a las investigaciones que realiza el Ministerio Público.
JUSTICIA POLITIZADA
Mientras, la diputada de Unida Demócrata (UD), Jimena Costa, desconfía del Ministerio Público, porque considera que la justicia está politizada, y la judicialización de la política (es un hecho), elementos que siembran duda en las investigaciones.
“Cuando se trata de procesar a opositores de situaciones que victimicen al Gobierno, la justicia actúa con rapidez, pero cuando son temas que llegan a altas autoridades de Estado, los procesos son lentos, porque existe protección para ellos”, aseguró la Diputada.
ANTECEDENTES
- El conflicto de los cooperativistas mineros estuvo relacionado con el rechazo del sector a la promulgación de la Ley 149.
- Los cooperativistas quieren suscribir contratos con empresa privadas y rechazan la conformación de sindicatos.
- Durante el conflicto se registraron tres cooperativistas fallecidos, que según el sector fueron ocasionados por los policías, que portaban armas de fuego.
- Los cooperativistas golpearon al viceministro de Régimen Interior brutalmente, causándole hematomas en el cuerpo y la cabeza, según informes periciales, que derivó en la muerte de éste.
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