Renovación en el Órgano Judicial, una urgente necesidad

Uno de los instrumentos más importantes y efectivos para lograr la excelencia en la administración judicial es la evaluación permanente y los exámenes de competencia a los que deben someterse todos los que aspiren a ser administradores de justicia; lo contrario denota una intención de encubrimiento de la incapacidad, la ineptitud y la incompetencia de quienes evitan -de cualquier modo- aceptar concursos públicos que califiquen su competencia y su idoneidad para ejercer estos delicados cargos.

En este último terreno ingresó la Directiva de la Asociación de Magistrados de Bolivia que se opone a todos los intentos por concretar exámenes de competencia orientados a cubrir las acefalías y los cargos de Vocales que ya cumplieron con el periodo de cuatro años, así tenemos autoridades judiciales, las máximas a nivel departamental, que no solo superaron ampliamente ese periodo, sino que, además, se oponen a ser evaluadas a través de concursos públicos por parte del Consejo de la Magistratura.

Ante ello, esta última institución no tiene la predisposición de enjuiciar a los Vocales que, en primera instancia, conocieron y resolvieron en su calidad de tribunal de garantías constitucionales, acciones de nulidad y amparo que hicieron fracasar los múltiples intentos por llevar adelante pruebas que permitan cubrir las acefalías y los espacios que deben dejar quienes ya cumplieron los cuatro años. ¿Acaso no es un delito constituirse en juez y parte? ¿Cómo ponderar con imparcialidad un caso en el que uno mismo está involucrado?

Los cánones de la AMABOL parecen ir a contramano del ejemplo que deberían mostrar, ellos son los que están obligados a demandar el cumplimiento de la ley, pero son los primeros en actuar con “chicanas”, entonces surge la pregunta ¿si la directiva de Jueces y Vocales actúa de esta manera, qué se puede esperar de la administración de justicia?

Por otra parte, asombra la parsimonia con la que actúa el Tribunal Constitucional en temas que hacen a la vida institucional del sistema judicial, cuando son los Magistrados de esta institución los que, en coherencia con su juramento, deberían resolver esos asuntos de la manera más diligente y expedita para no rayar en los límites de la complicidad con gente negativa que se resiste a la institucionalización del Órgano Judicial.

Pero la entidad llamada por ley a ser la protagonista de la institucionalización es el Consejo de la Magistratura. En estos más de cuatro años y medio de gestión, con sorpresa, constatamos que no institucionalizó ningún cargo jurisdiccional, ni administrativo ni de apoyo jurisdiccional, no cumplieron el mandato de la ley 025 en lo que hace a la evaluación del desempeño y no ejecutaron auditorias jurídicas respecto al trabajo de los administradores de justicia, todo ello lastimosamente redundó en el desprestigio que arrastra, como un lastre, el Órgano Judicial.

En el tiempo que les queda (poco menos de año y medio), los consejeros tienen un reto histórico para institucionalizar todos los cargos del Órgano Judicial, tanto jurisdiccionales como administrativos, haciendo que este proceso sea transparente y legítimo con el fin de incorporar a los mejores ciudadanos -hombres y mujeres- que tengan la suprema misión de devolver la credibilidad al Órgano Judicial de Bolivia.

Tengo en mano la sentencia del Tribunal Constitucional que da vía libre al proceso de convocatoria y me animo a plantear que tres deben ser los criterios que guíen la renovación de los cargos de vocales y jueces del país: calidad y probidad de los seleccionados, garantía de despolitización en la evaluación y un régimen disciplinario severo y claro que tutele adecuadamente el futuro desempeño de las nuevas autoridades.

Desde una perspectiva estrictamente institucional, hay que decir que es necesario evaluar la idoneidad de los actuales servidores judiciales, debemos lograr un retrato sin concesiones del Órgano Judicial, de manera que podamos identificar las fortalezas y debilidades, las potencialidades y desafíos que tiene hoy en día la institución. Tras mucha agua bajo el puente y sin querer perpetuar la crítica, es hora de plantear mecanismos capaces de dar lugar a una verdadera Revolución Judicial: la institucionalización es uno de ellos.

El autor es ex Consejero de la Judicatura y Docente Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.