Nueve dirigentes mineros encarcelados en La Paz

La defensa de los nueve mineros que fueron enviados a la cárcel por la muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, exige que la justicia actúe con la misma celeridad para esclarecer la muerte de tres trabajadores con arma de fuego durante los enfrentamientos en Panduro, la pasada semana.

Según la abogada Mónica Irusta, las investigaciones por parte del Ministerio Público debió haberse realizado, con la misma rapidez que ahora demuestra, desde la primera muerte y no solo porque falleció la autoridad de Gobierno.

“Las autoridades del Ministerio Público debieron dar inicio al control jurisdiccional (investigaciones), desde la primera muerte del cooperativista minero, y no solo ante el fallecimiento de la autoridad de Gobierno, ya que la Ley reconoce a todos los bolivianos por igual”, dijo.

En audiencia de medidas cautelares que se prolongó hasta la madrugada de la víspera y continuó en horas de la noche, se determinó enviar a los principales dirigentes de la minería coperativizada a dos penales de la sede de Gobierno.

Carlos Mamani Copa, Carlos Castro, René Cochi, Silvestre Flores y el abogado Roberto Durán fueron derivados a Chonchocoro, acusados de haber participado en la muerte del fallecido Viceministro, mientras que Julián Pinto irá a la cárcel de Patacamaya.

Anoche también se determinó la detención preventiva del vicepresidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Agustín Choque, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras que se dispuso que los mineros Clemente Colque y Paulino Layme, sean remitidos al penal de Patacamaya por su presunta participación en el delito.

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