Cepal, CAF y BID lanzan base de datos de inversión

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), CAF –Banco de Desarrollo de América Latina- y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) implantaron, a partir de ayer, el portal web Infralatam que ofrece cifras de las inversiones en infraestructura que realizan los países de la región.

INVERSIONES

La iniciativa conjunta, que busca medir y promover el análisis de las inversiones en este ámbito presenta en una primera etapa datos de inversión en infraestructura para 15 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), para el período 2008-2013, dijo un informe de la CAF.

Infralatam contempla el registro de datos anuales e incluye las inversiones provenientes del sector público y privado destinadas a la adquisición de activos de infraestructura económica (agua y saneamiento, defensas contra inundaciones, energía, riego, telecomunicaciones y transporte).

ACTUALIZACIÓN

Es un proyecto que propone una actualización anual de las cifras, así como una ampliación de la cobertura hacia un mayor número de países, y un proceso de mejora continua de los datos disponibles. Se espera que esta información sea de utilidad para las entidades responsables de las políticas públicas y de la planificación de los países de la América Latina y el Caribe, y también para los actores públicos, privados e internacionales, como inversionistas, académicos, constructores, proveedores de equipos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, señala.

Asimismo, esta base de datos puede constituirse en un instrumento principal para el análisis y el desarrollo de infraestructura de calidad, fiable, sostenible y resiliente, tal como lo señala el Objetivo 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas en el año 2015.

INFRAESTRUCTURA

La inclusión del Objetivo 9 marca un paso fundamental en cuanto al posicionamiento de la infraestructura en la búsqueda del desarrollo sostenible e implica una mayor responsabilidad de las políticas públicas en el avance hacia mayores niveles de inversión de calidad requeridos para mejorar la calidad de vida de las personas en la región.