La siembra del odio -bajo muchas formas y métodos- y la violencia siempre tendrá resultados fatales y luctuosos, nunca servirá para edificar la concordia y la tolerancia.
Cosechando la muerte de tres cooperativistas y una alta autoridad del Estado, decenas de heridos de la Policía y de los cooperativistas mineros, periodistas agredidos, detenidos y procesados, asistimos al desenlace de un conflicto originado tiempo atrás por las prebendas concedidas a las cooperativas mineras y a las demandas desmesuradas de sus dirigentes.
Desde distintos ángulos se coincide en que se trata de un impasse entre aliados -aunque de caracteres trágicos- del Gobierno del MAS con Fencomin, Concobol y otras organizaciones afines. De ninguna manera se verá un rompimiento total porque, de una parte, los une intereses políticos y, de otra, ventajas económicas y privilegios.
Después de una actuación no solo vacilante sino ineficaz, en la cual los efectivos policiales llevaron la peor parte, el epílogo fue la muerte horrenda del viceministro Rodolfo Illanes a manos de cooperativistas. Se cree como efecto -por cierto desmesurado- de un intento de represión de la fuerza del orden, presumiblemente en procura de liberar a la autoridad secuestrada. Tampoco se ha esclarecido su temerario viaje a Panduro, donde campeaban los bloqueadores. Lo cierto es que después de la tragedia sobrevino el repliegue de los revoltosos, el libre tránsito del transporte por carreteras y con ello el respiro del Gobierno.
Para los cooperativistas las acciones desatadas fueron una más de las ejercitadas en otras oportunidades políticas frente a distintos gobiernos y de los hechos conocidos de Huanuni el 2006, de todas las cuales salieron gananciosos. A la vez, asistimos a una nueva demostración del poder ofensivo de este gremio a fin de parar una ley que indirectamente da pie al derecho de sindicalización de sus obreros y trabajadores. Contra su tradición, tardíamente el Gobierno, por su parte, trató de imponer su autoridad promulgando la Ley 149.
Puede ser que los dirigentes del sector quieran dar la impresión de continuar el conflicto, pero la realidad hablará por sí misma, de modo que la sindicalización de los explotados peones no se producirá, ni se revertirá los 31 contratos en plena ejecución con privados y transnacionales. Amén de nuevas concesiones mineras a favor de los aliados y otras granjerías a las que tan acostumbrados están.
Fresco el pesar y lamento de la sociedad boliviana, el Gobierno no se detuvo en sacar partido de la situación. Reiteró que lo sucedido era nada menos que “un golpe de Estado” sofocado oportunamente. En su versión, la derecha movió los hilos del golpe y los medios se encargaron de echar leña al fuego. Siempre los mismos desestabilizadores, solo faltó esta vez el “imperialismo”. Los máximos voceros del Órgano Ejecutivo aseguraron haber encontrado documentos de lo sostenido, pero aún no los exhibieron. Si algún jerarca cooperativista habló de “voltear” al Gobierno, fue una bravata más -esta vez preventiva- de las muchas que se escucha.
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