Periodistas y trabajadores de radio Fedecomin exigen apertura del medio

Periodistas y trabajadores de la radio intervenida Fedecomin reclaman la reapertura del medio y garantías para su trabajo, al cumplirse el quinto día de silencio forzado por decisión de la Fiscalía, que precintó el edificio donde se hallan instalados los estudios de la emisora.

Durante un allanamiento registrado el vienes 26 de agosto, en el inmueble en el que funciona la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), dentro de las investigaciones para identificar a los responsables de hechos de violencia que terminaron con el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, se interrumpió el trabajo de la radio y la computadora principal fue secuestrada.

En la acción se procedió a la detención del periodista Roger Condori, durante cinco horas, y se decomisó su grabadora. El comunicador explicó que no presenció los incidentes registrados en la carretera La Paz – Oruro.

El jueves 25 de agosto, al finalizar la tarde, el director de la emisora, Moisés Flores, fue el primero en informar sobre el fallecimiento de Illanes y la versión fue confirmada por el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, a las 21.00 horas del mismo día.

Un total de ocho trabajadores cumplen actividades en la emisora, en la producción de espacios informativos y musicales, y con el cierre del medio existe incertidumbre sobre el futuro de su fuente laboral, informaron los afectados a la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia.

“Pedimos garantías para el desempeño de nuestro trabajo y solicitamos la reapertura del medio”, expresó Condori.

Los trabajadores de radio Fedecomin explicaron que la línea informativa de la radioemisora no responde al mandato de los cooperativistas mineros de la región, y que su labor está guiada por la pluralidad.

 El anuncio del fallecimiento del viceministro Illanes a través de la radio, es la comprobación de nuestra independencia, explicó Condori.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió que el cierre de medios atenta contra el artículo 296 del Código Penal. “Será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier impreso”, señala la norma.