Ejecutivo revirtió concesiones mineras a cooperativas

El Gobierno dispuso ayer, mediante decreto, la reversión al Estado de las áreas y concesiones mineras de las cooperativas las cuales, según las autoridades, se hallaban arrendadas a empresas privadas. El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, precisó que se trataría de 10 acuerdos de riesgo compartido (joint venture). Del mismo modo, puso en vigencia otras cuatro disposiciones administrativas orientadas a reordenar el régimen jurídico de la actividad productiva en ese sector, que contribuye con alrededor de 30 por ciento de la producción de minerales en el país y del cual dependen 100.000 mineros. Entretanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en los pasados días que este sector había suscrito por lo menos 31 acuerdos de concesión con empresas privadas que debían adecuarse a la nueva Ley de Minería.

VERIFICACIÓN

El segundo decreto faculta al Ministerio de Minería, al Viceministerio de Política Minera y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la verificación y la reversión de áreas de las cooperativas mineras que no registren actividad minera alguna.

"Esa facultad nos va a permitir hacer una verificación de cientos de áreas dispersas en varios departamentos del país. Y estas áreas deben estar debidamente explotadas, debe haber actividad minera y si no existe actividad minera serán revertidas al estado boliviano", advirtió el ministro del área, César Navarro.

FUNCIÓN SOCIAL

El tercer decreto estableció una serie de requisitos que deberán cumplir las cooperativas para que el Estado controle que cumplan su función social y no desarrollen operaciones en condición de empresas privadas.

Para esto la disposición normativa establece que deberán entregar información sobre el volumen y valor de su producción, sus ingresos y sus mecanismos de distribución entre los socios cooperativistas. "El objetivo es establecer cómo se distribuyen ingresos y los excedentes", apunto la autoridad de Estado.

Para que se cumplan los alcances que tiene el decreto, las cooperativas deberán presentar en adelante esta documentación hasta el 31 de enero de cada año, además de sus balances generales de la anterior gestión, la nómina actualizada de socios, personal administrativo y personal que coadyuva en la actividad productiva, indicó.

Si alguna cooperativa no cumple con estos requisitos "que son principios del cooperativismo", tendrá que migrar "de manera obligatoria" a su condición de empresa privada, enfatizó.

SEGURIDAD SOCIAL

El cuarto decreto establece que todos los trabajadores de las cooperativas mineras deberán acogerse a los beneficios reconocidos en la Ley General de Trabajo, incluida la seguridad social, anunció a su turno el ministro Trigoso.

El quinto decreto prohíbe el uso, porte y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, contravención que será considerada una violación al artículo 211 del Código Pernal, que establece una pena de entre 1 a 4 años de prisión, informó por su lado el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

NUEVAS REGLAS

El Gobierno fijó nuevas reglas para las cooperativas a través de los referidos decretos. El paquete de disposiciones, fue calificado como un "pedido clamoroso del pueblo boliviano" por el ministro Trigoso, para quién era necesario "poner límites a lo que durante tiempo fue un poder desmedido de las cooperativas mineras".