MAS podría analizar norma que suspenda secreto bancario

Desde la Comisión Especial Mixta de Investigación de empresas y empresarios bolivianos relacionados con los Papeles de Panamá se sugiere suspender el secreto bancario, porque esa figura “crea problemas” al Estado. El político liberal Andrés Ortega asegura que esta acción sería una nueva afrenta a la propiedad privada y significará la criminalización de los ciudadanos que logren un ahorro.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ciro Zabala, miembro de la referida comisión, informó a los medios estatales que se analizará la figura de secreto bancario, dentro de la hipótesis que maneja el oficialismo sobre la “fuga de capitales”, más aún luego de haber recibido el informe del presidente de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, convocado la anterior semana a esa instancia.

“Es el conflicto más serio que tienen ellos (impuestos) porque existe la Ley del Secreto Bancario, pero, a la vez, (Cazón) expresó que eso es inconstitucional; entonces, se debería suspender el secreto bancario, porque creemos que esto es lo que ocasiona todo lo que está pasando a través de estos paraísos fiscales”, declaró Zabala.

Para el político de derecha, Andrés Ortega, la comisión investiga un delito inexistente, pues los llamados paraísos fiscales no encajan en una figura penal y no hay una “víctima” palpable. “La expoliación del Estado sí es un delito, y si hay paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales”, sostuvo.

Sobre el anuncio de analizar el retiro del secreto bancario en el país, Ortega explicó: “Un gobierno socialista destruye poco a poco los principios del derecho de occidente. Lo primero, viola el principio constitucional de presunción de inocencia asumiendo que cualquier ciudadano que tiene dinero es un delincuente; segundo, rompe el debido proceso”.

COMISIÓN INDAGADORA

La comisión legislativa viene trabajando en el caso Papeles de Panamá o Panama Pappers, que fue destapado como un escándalo a nivel mundial en abril, porque se involucró a cientos de personalidades en presuntos delitos fiscales, que al final no fueron sustentados.

El traslado de dinero de un país a cuentas bancarias de otro no está tipificado como delito en la legislación nacional y tampoco en varios países que fueron tocados con el escándalo. Sin embargo, en Bolivia se conformó la comisión para investigar las cuentas de empresarios y particulares nacionales, no sin antes recabar información de entidades estatales y asesores en economía.

En este marco, la comisión irá indagando el caso y de forma paralela sugerirá nuevas leyes “que se tengan que dar”. El oficialismo anunció que también se convocará a representantes de la Aduana, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Viceministerio de Política Tributaria y ministros del área financiera.

Ortega asegura que al activar este mecanismo legislativo, el oficialismo solo busca “una excusa más para violar la propiedad privada y sentar la idea errónea que tener dinero es un delito y que tener ahorros es un crimen”, persiguiendo luego a la gente que desarrolla una actividad productiva. (Visor Bolivia)