La Policía y la legítima defensa en el conflicto minero

Jamás he sido ferviente defensor de la Policía Boliviana, pero tampoco soy su peor detractor, sin embargo, al presente con el tema Minero, se ha formado un criterio “criminalizador” estigmatizante en contra de los policías que hubieren disparado sus armas de reglamento, sin antes haber analizado el tema desde una óptica completamente técnica, en desapego por apasionamientos políticos.

Cuando una persona es atacada injustamente y su vida corre peligro, el Estado (de cualquier parte del mundo) le reconoce a esta víctima la posibilidad de defenderse, en los casos en los que el mismo Estado a través de sus instituciones no pueda brindarle la seguridad inmediata requerida para defenderse en ese instante. A esta institución se ha denominado “legítima defensa”. La legítima defensa para que opere requiere de la existencia de una agresión injusta y actual, no provocada, que busque salvaguardar un derecho propio o ajeno, utilizando un mecanismo racional de defensa, siempre y cuando no existiere evidente desproporcionalidad en los medios de defensa empleados.

Sin haber ingresado al ámbito de la prueba material y del aspecto criminalístico que al presente se viene investigando, lo que la colectividad entiende a simple vista es que debido a que los policías dispararon contra los cooperativistas mineros, una enardecida turba atacó a una autoridad segándole la vida. De este modo, al menos, se ha intentado justificar el accionar delictivo de acabar con la vida de un inocente como fue el Dr. Rodolfo Illanes (Q.E.P.D.).

Al punto, la reacción del grupo de cooperativistas mineros que secuestraron, torturaron y asesinaron al viceministro Illanes, desde ningún punto de vista técnico o jurídico se halla justificada, debido a que, como claramente se ha podido evidenciar por un video filtrado en las redes sociales, se puede escuchar voces de amenazas, comportamiento barbárico, inclusive señalando “lo vamos a carnear, tenemos hambre”.

No existe otra explicación criminológica que la reacción de la turba fue instigada por psicópatas desalmados, quienes no sienten remordimiento de sus acciones y aun estando en prisión no dudo que continúen su comportamiento delictivo. Este grupo de sociópatas habría ejecutado a golpes a tan alta autoridad. Al parecer no fue un accidente o un exceso, fue un acto premeditado, cometido con alevosía y ensañamiento, que desde ningún punto de vista tiene un justificativo. A los ojos del Derecho Penal es un asesinato, cuya pena es la más alta prevista en la norma. Sin duda es una labor pendiente el individualizar la participación de cada uno de los posibles autores, sean materiales, intelectuales, conspiradores y hoy encubridores. Semejante acto inhumano no tiene, desde ningún punto de vista, argumento que lo justifique.

Ahora bien, veamos qué ocurre con el accionar de la Policía Boliviana. Si mal no recuerdo (y seguramente los historiales clínicos de los heridos no me dejarán mentir) días antes de la ejecución del viceministro Illanes, cerca de un centenar de policías llegaron heridos de gravedad a distintos nosocomios de la ciudad de La Paz y El Alto para ser atendidos, afirmando haber sido atacados a pedradas, golpes de palo y puño y en algunos casos heridos por el impacto de la explosión de cachorros de dinamita.

Hace poco escuché a un famoso periodista y amigo personal, Juan Carlos Arana, señalar algo muy cierto: “No hay dinamita buena ni dinamita mala, toda dinamita mata”. La dinamita es un tipo de explosivo que está compuesto por nitroglicerina y por dióxido de silicio, dada su capacidad de destrucción, se la utiliza para destruir materiales extremadamente rígidos y sólidos, como el concreto o las rocas de las montañas. Un cuerpo humano, compuesto de órganos blandos, huesos y tejidos, esencialmente líquido, puede resultar altamente dañado si se encuentra cerca del impacto de este explosivo, como es lógico y uno no tiene que ser un perito para entender que el uso de la dinamita como un arma de ataque es extremadamente peligroso y altamente letal.

En el conflicto vivido hace pocos días en nuestro país había dos bandos, uno que atacó con piedras, palos, golpes de puño, cachorros de dinamita y secuestró a personas; y otro grupo se defendió con gases lacrimógenos, bastones de reglamento y escudos antimotines.

Pese a que las órdenes fueron de no emplear armamento letal en el conflicto de los pasados días, hubo muertos y heridos por parte de los mineros, producto de impacto de un arma de fuego. Ello sin duda lleva a la conclusión de que algunos policías pudieron haber desobedecido la instrucción que se les dio y emplearon su arma de reglamento.

En este caso, los policías fueron secuestrados, golpeados y torturados, siendo que en la mayor parte del conflicto con el grupo minero, su integridad física y sus vidas corrían peligro, un peligro real, evidente y absolutamente injustificado. En un escenario en el que la policía empleó la resistencia para proseguir e intentar mantener o recobrar el orden en una zona de conflicto, en el que se empleó dinamitas como armamento destinado a producir daños en los oficiales del orden. Aquel o aquellos policías que utilizaron su arma de reglamento como último recurso, respondieron ante un ataque injusto, actual, injustificado, con proporcionalidad y racionalidad.

El Derecho Penal no está diseñado para héroes, está diseñado para el comportamiento racional de las personas. Desde un ámbito técnico-jurídico, en un escenario de conflicto, en el que se ataca al cuerpo policial con explosivos, la respuesta lógica es salvar la vida, y si para hacerlo se emplea armas de fuego, los efectivos policiales no hicieron más que cumplir su función de preservar el orden y preservar sus vidas. Si bien tiene el mismo valor la vida de un policía que la vida de un minero, quien provocó y puso en peligro la vida de los oficiales de la policía fueron los cooperativistas y no al contrario.

El asesinato del Viceministro no está justificado desde ningún ámbito, fue un acto cobarde y que nos indigna a todos. No ocurre lo mismo con el cuerpo policial que buscó en todo momento reinstaurar el orden en una zona en conflicto, y si en el escenario de conflicto sus vidas corrían peligro, y la única forma de defenderse fue el uso del armamento letal, su comportamiento a criterio de la ley penal se encuentra justificado. Su defensa fue legítima.

El autor es abogado penalista y escritor.