En cuatro años aprueban tres decretos de un mismo tema

En los últimos cuatro años, desde 2012 a la fecha, el gobierno de Evo Morales aprobó tres decretos supremos sobre un mismo tema: el uso de dinamita en manifestaciones de protesta. Primero, en 2012, prohibió su empleo; luego, el 1 de mayo de 2016, autorizó y, finalmente, volvió ayer a prohibir el empleo de este explosivo en cualquier actividad de protesta, como marchas, bloqueos, mítines, entre otros.

La historia cíclica en torno a este hecho tiene como protagonistas principales a los cooperativistas mineros, puesto que la prohibición mediante D.S. de 2012 fue por la muerte de un minero cooperativista. La decisión actual es también por la muerte de mineros cuentapropistas en enfrentamientos violentos con la Policía, donde también perdió la vida el que fuera viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

CRONOLOGÍA

El 26 de septiembre de 2012, el Gabinete, presidido por la presidenta en ejercicio de ese entonces, Gabriela Montaño, en ausencia de Evo Morales y Álvaro García Linera, que viajaron a Estados Unidos y Vietnam, respectivamente, aprobó el Decreto Supremo 1359 que prohibía la tenencia y uso de dinamita en manifestaciones de protesta.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue el proyectista de la norma, tras la muerte del minero Héctor Choque, por la explosión de una dinamita lanzada por un afiliado a la Cooperativa 26 de Febrero en una marcha de protesta que organizó la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), en la ciudad de La Paz.

1 DE MAYO

El 1 de Mayo de este año, el Órgano Ejecutivo volvió sobre lo andado, derogó el D.S 1359 y autorizo el uso del explosivo en manifestaciones, con el argumento de “garantizar los derechos a la asociación y libertad de expresión mediante manifestaciones públicas, así como ejercer el derecho a organizarse en sindicatos las y los trabajadores”.

El dirigente sindical y representante de la COB, Guido Mitma, celebró la decisión del presidente Morales. “En buena hora dijo el Presidente que se abroga el decreto, porque es un arma de los trabajadores para hacer respetar la democracia y el tema reivindicativo de los trabajadores”.

ILLANES

El 2 de mayo, el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, quien hace una semana fue secuestrado, torturado y asesinado por mineros cooperativistas, decía que se puede hacer uso de ese explosivo en marchas de protesta, siempre y cuando respeten la seguridad e integridad de la población.

“En sus movilizaciones podrán usar siempre y cuando respeten esa exigencia de que no causen daño a terceras personas en sus movilizaciones”, dijo en esa oportunidad Illanes.

Sin embargo, ese mismo día, en la población de Achacachi, el campesino de 86 años Máximo Mamani, perdió la vida por activar un cachorro de dinamita en el desfile conmemorando el Día del Trabajo.

DERECHO A LA VIDA

Ayer, el ministro Romero, después de casi cuatro años, volvió a anunciar la decisión del Órgano Ejecutivo de prohibir mediante D.S. el uso de dinamitas y materiales explosivos en protestas sociales, después de los hechos acontecidos en el conflicto de Panduro con las cooperativas mineras, donde perdieron la vida cinco personas.

El objetivo oficial: proteger el derecho a la vida y la integridad física, además de cuidar los bienes públicos y privados.

“Se establece, de esta manera, el uso, porte y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas de protesta, huelgas, mítines, queda terminantemente prohibido”, dijo ayer la autoridad que dio lectura a la norma.

MISMA BASE LEGAL

En las dos oportunidades, cuando el Gobierno prohibió el uso de la dinamita en marchas de protesta –en 2012 y en la actual gestión– la base legal es la misma: el artículo 211 del Código Penal, que dispone que la tenencia de materiales y sustancias explosivas con fines peligrosos constituye un delito.

Las penas por la tenencia y uso de dinamita podrán oscilar de uno a cuatro años, de acuerdo a la mayor o menor gravedad del uso de materiales explosivos, aspecto que tendrá que ser calificado por la autoridad jurisdiccional competente.

Sin embargo, existe ya la Ley N° 400 de Control de armas de fuego, municiones y explosivos de 2013, que, entre otras cosas, prohíbe el uso de explosivos en manifestaciones públicas.