Centralismo impide desarrollo del país

Desde hace muchas décadas, departamentos e instituciones de toda índole han reclamado a los gobiernos para que se evite continuar con políticas centralistas; si bien hubo muchas explicaciones sobre la forma como el gobierno maneja todos los recursos nacionales, muchas veces a su libre arbitrio, obliga a municipios, prefecturas (hoy gobernaciones) e instituciones estatales a postergar proyectos importantes de desarrollo porque es el régimen gobernante el que dispone de los recursos financieros.

Un elemental sentido de integración y vocación de país debería obligar al gobierno a aceptar, sin regañadiente alguno, un Pacto Fiscal que permita la distribución equitativa, ecuánime y justa de los recursos que recibe el país por diferentes conceptos. No es conveniente para el mismo gobierno que tenga absoluto dominio sobre los bienes nacionales; es inconveniente porque el centralismo produce discriminaciones y da lugar a que solo algunas regiones o departamentos progresen estando supeditados al gobierno de turno; en otras palabras, se obliga a la autoridades departamentales o municipales para que tengan obsecuencia con el régimen imperante para tener derecho a recibir partidas presupuestarias para cubrir sus presupuestos.

La Participación Popular ha sido una medida apropiada para evitar el centralismo porque permitía que una parte del presupuesto nacional sea dispuesto por prefecturas o gobernaciones, alcaldías y la cuota respectiva por las universidades públicas autónomas del Estado. Lamentablemente, no siempre ha sido posible que la Participación Popular sea manejada con la eficiencia, honestidad y responsabilidad debidas porque no faltaron casos en que las autoridades, especialmente provinciales, dispongan discrecionalmente de los medios financieros y lo hagan conforme a intereses creados o personales; por supuesto, las comunidades que debían vigilar el correcto manejo de los medios financieros no han cumplido su parte de control para que efectivamente se realicen las inversiones conforme a planificación aprobada por las comunidades.

Ahora, está en discusión el Pacto Fiscal que es una forma de descentralizar el monopolio impuesto por el gobierno en sentido de que todo lo dispone él conforme a su criterio -muchas veces solo obedeciendo a intereses partidarios-, que no siempre están acordes con los intereses y conveniencias que ve la comunidad de cada departamento o provincia, pueblo o villorio que, proporcionalmente, debe contar con partidas presupuestarias que sean justas, ecuánimes y equitativas.

La descentralización es urgente porque su aplicación permitiría que se evite situaciones injustas y que cada región realice obras - especialmente en salud y educación- que sean de conveniencia general de cada comunidad. El gobierno, por su propia responsabilidad no debería aceptar que haya disposición discrecional de medios financieros que son propiedad de todo el país y entender que es éste, mediante sus mecanismos respectivos, el que tiene que disponer su justa distribución y gasto en obras de bien común.