¡No! a la violencia

Se entiende por violencia el uso de la fuerza para imponer una situación. Ésta puede ser física, moral, judicial o de cualquier otra índole, lo que importa es el medio, a contrario sensu, de convencer, concordar a través del diálogo y las buenas relaciones.

La violencia tiene como resultado que genera mayor violencia, es decir que el que la sufre, suele reaccionar con igual o mayor ejercicio de violencia, y en consecuencia los frutos suelen ser cruentos.

Según algunos estudiosos del tema, en nuestro medio se practicaría una cultura de violencia, arraigada en el ser boliviano, de tal suerte que convivimos sufriendo y ejerciendo violencia, en el hogar, la escuela, el medio laboral, etc. Por esa razón se dan altos índices de violencia en el hogar y fuera de éste.

Esa cultura de la violencia nos lleva a buscar la solución de nuestros problemas colectivos e individuales, a través de ese medio, y los paros, huelgas violentas, bloqueos, marchas y otras expresiones de protesta, casi siempre son por ese camino. Se ha arraigado en la gente el juicio de que si no se ejerce violencia, las autoridades, medios de comunicación y opinión pública, no tomarán en cuenta los pedidos, por justos que sean.

Una de las violencias más execrables es, sin duda, la violencia política, pues ésta se origina en el odio al contrario o al que piensa distinto, ya que se lo considera un enemigo y en consecuencia hay que eliminarlo. Esta postura es parte del ideario, creencia y práctica de los regímenes de gobierno autoritarios, pues éstos, carentes de ideología democrática, buscan o inventan a los supuestos responsables de las carencias y problemas de la gente, y por eso se los debe combatir y destruir. El fascismo nazista echó la culpa a los judíos, el socialismo comunista soviético a la burguesía capitalista, y en esa política de persecución, se arrastra a moros y cristianos.

El régimen de gobierno del cambio y los movimientos sociales, en la década que viene gobernando nuestro país, ha utilizado la violencia de Estado para procurar su éxito hegemónico en la administración del Estado. La ejecución sumaria en un hotel de Santa Cruz de un grupo de europeos, y la posterior persecución judicial de ciudadanos críticos al régimen que guardan detención hace más de cinco años; los enfrentamientos en “El Porvenir” en Pando, con saldo de muertos, heridos y cientos de exiliados; las muertes de “La Calancha” en Sucre y posteriores persecuciones judiciales de opositores; las muertes de Caranavi; los muertos y heridos en la ocupación de la ciudad de Cochabamba por los cocaleros; las brutales agresiones a indígenas en “Chaparina”, son entre otros actos de violencia, el legado que dejará el régimen del cambio (?).

Adicionalmente a los muertos y heridos, siguen los juicios políticos cargados de “injusticia”, efectuados por los operadores de un Órgano Judicial absolutamente al servicio del poder político.

No hemos acabado de atemperar nuestros sentimientos heridos por la violencia desatada por el régimen contra los discapacitados, y le sigue el conflicto de los fabriles y ahora el reciente de los cooperativistas mineros, que fueron en este decenio uno de los puntales del gobierno y además beneficiarios de obsequios, recursos, concesiones y exención de pago de impuestos por algunos conceptos. Este conflicto acabó cobrando la vida de cuatro trabajadores mineros del cooperativismo, muertos por efecto de balas asesinas disparadas contra ellos, por las fuerzas de represión del régimen, así como la de una autoridad de segundo nivel del Ministerio de Gobierno que procuraba buscar el diálogo. Lo extraño es que mientras este funcionario parlamentaba con los movilizados, las fuerzas represoras descargaron sus armas de gases y letales, cobrando la vida de un joven minero, lo que exacerbó los ánimos de los mineros, que acabaron con la vida del funcionario. Lamentables pérdidas de vidas humanas.

No hemos escuchado a ningún funcionario o asambleísta oficialista lamentar la muerte de los trabajadores mineros, pero sí hicieron los oficialistas un “banderío” de la muerte lamentable del funcionario de gobierno, lo que demuestra que para ellos, los trabajadores muertos valen nada en relación con el funcionario asesinado.

Para nosotros, todas las muertes son lamentables, más aún las de los pobres.