ONU pide investigar violencia policial contra discapacitados

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de NNUU lamentó los actos “de violencia en contra de la integridad física y psicosocial de personas con discapacidad” de Bolivia exigió que el Estado pague una renta a ese sector y que los afectados por la represión policial obtengan reparaciones por parte del Gobierno. Insta a que las autoridades cumplan esas y otras recomendaciones en un plazo de 12 meses.

Esa y otras críticas al Gobierno boliviano están incluidas en las “Observaciones finales sobre el informe inicial del Estado Plurinacional de Bolivia” tratadas en la 16 Sesión de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, celebrada el mes pasado en Ginebra, Suiza.

“El Comité lamenta los actos de violencia en contra de la integridad física y psicosocial de personas con discapacidad que ejercían su legítimo derecho a la manifestación pública. También preocupan las informaciones de uso excesivo de fuerza, intimidación y violencia física y verbal, cometida por agentes de Policía, que condujeron a lesiones físicas en manifestantes, incluyendo mujeres y niños con discapacidad”, señala el documento.

Personas con discapacidad protestaron durante tres meses en La Paz (entre abril y julio de 2016) y fueron reprimidos duramente por la Policía y menospreciados por las autoridades.

El texto demanda, además, una investigación sobre el uso de la violencia policial y que se pague una reparación a los afectados.

El punto 46 del documento dice en ese sentido que “el Comité insta al Estado a que establezca un proceso de investigación imparcial e independiente para determinar las responsabilidades en los actos de represión y el uso de la violencia en el contexto de las manifestaciones sociales de personas con discapacidad con miras a enjuiciar a los responsables así como la reparación física y psicosocial de quienes resultaron afectados”.

El pasado 17 de agosto, la representante de las personas con discapacidad de Bolivia, Rosemary Guarita, fue escuchada por los miembros del Comité y con el respaldo de filmaciones, relató los momentos de extrema violencia contra ese sector experimentados en La Paz y la indiferencia gubernamental de la que fueron víctimas, mientras demandaban el pago de una renta mensual de 500 bolivianos. El monto total demandado alcanzaba a 35 millones de dólares al año, es decir el 0,1% del Presupuesto General del Estado.

Durante las sesiones, la comitiva gubernamental estuvo presidida por la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y la embajadora ante la ONU en Ginebra, Nardy Suxo. Velasco informó posteriormente que el Comité “había felicitado” al Gobierno por sus políticas referidas a las personas con discapacidad. Participó también de las sesiones la activista y documentalista Violeta Ayala, que filmó gran parte de las acciones de represión policial contra los discapacitados.

El documento sobre Bolivia expresó también su preocupación “de que más del 80% de las personas con discapacidad viva en condiciones de pobreza o pobreza extrema, y que muy pocos reciban el apoyo de la renta solidaria”, al tiempo que agrega que “al Comité le preocupa que el apoyo económico es insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y para cubrir los costos adicionales de la discapacidad”.

El inciso 64 añade que “el Comité recomienda al Estado que tome medidas para garantizar un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y sus familias y para sufragar los costos incrementados de vida por causa de la discapacidad mediante, entre otros, una revisión de los apoyos sociales, tal como la renta solidaria, particularmente a aquellas que viven en condiciones de pobreza o se encuentran desempleadas o sin ingresos”.

Si bien el documento pondera algunos avances normativos, entre los incisos 5 y 81, el Comité expresa una diversidad de preocupaciones y recomendaciones dirigidas al Gobierno de Bolivia, las que insta a cumplir en un lapso no mayor a 12 meses calendario.

Entre las escasas menciones favorables al oficialismo, el Comité dijo que “encomia al Estado” por “la adopción de la Ley General para Personas con Discapacidad 223 (2 de marzo de 2012) y su Decreto reglamentario; la adopción de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (8 de octubre de 2010); y la designación de la Defensoría del Pueblo como instancia responsable del monitoreo independiente del cumplimiento de la Convención”.

Las personas con discapacidad partieron el 21 de marzo de Cochabamba hacia La Paz en una sacrificada marcha, mediante la cual recorrieron 379 kilómetros y llegaron en 35 días. Pese a mantener una vigilia por más de tres meses en la sede de Gobierno, el presidente Evo Morales nunca los recibió. En julio pasado retronaron a sus distritos con las manos vacías.