Arma legislativa antiopositora

El oficialismo parece inagotable en recurrir a diversos mecanismos para anular todo espacio que la oposición puede utilizar en su labor fiscalizadora. Sin duda, el partido de Gobierno tiene en los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público su mejor aliado para estos afanes intolerantes. Ahora busca deshacerse de los parlamentarios opositores que le resultan incómodos. En este sentido, la Comisión de Ética del Senado está modificando el Reglamento correspondiente con la mira de que dictada la sentencia contra algún senador en un proceso ordinario, el encausado esté obligado a pedir licencia por 6 a 12 meses o más hasta la ejecutoria del caso, bajo alternativa de incurrir en “falta gravísima” que, obviamente, significa la cesación de su mandato. No se considera si la resolución de primera instancia se encuentre ejecutoriada.

La experiencia de estos 10 últimos años demuestra que es muy fácil promover juicios contra opositores para ponerlos fuera de juego. No es necesario que sean diputados o senadores. La regla rige para la generalidad de opositores, disidentes o librepensadores. De hecho son perseguidos por este mecanismo ex funcionarios de gobiernos “neoliberales”, servidores del “imperialismo”, abogados, periodistas o quienes ocuparon prefecturas y alcaldías en nombre de partidos opositores en lo que va del actual Gobierno. Ejemplos y nombres sobran, sin descartar a los que buscaron asilo político en el exterior.

No constituye, pues, misterio que los Tribunales sean obedientes a los dictados del Órgano Ejecutivo y prestos intérpretes de su voluntad y deseo para aplicar todo el rigor de la ley a los desafectos al Gobierno. Sus autoridades, sin embargo, no pierden oportunidad para desligarse de responsabilidades aduciendo que los casos de alguna connotación política son sustanciados en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público, pese a la seguridad de que estos niveles les serán obedientes. Así acaba de ocurrir en el reciente conflicto de las cooperativas mineras.

De modo que ningún parlamentario opositor está a salvo de comparecer por denuncia a los estrados judiciales, aunque se trate de una manipulación evidente. Ahora es el turno del senador Arturo Murillo (UD), sobre quien recayó sentencia por supuesta falsificación de la libreta de Servicio Militar con sanción de 2 años de presidio. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció someter a proceso al senador Oscar Ortiz (UD) por presidir una ONG simultáneamente a su senaduría.

El PDC tomará decisiones contra la senadora Patricia Gómez, elegida en su plancha, por haber apoyado la modificación del Reglamento de Ética en la Comisión respectiva, de la cual es parte, acusándola de transfugio político y traición. Este es otro caso de los muchos vistos, producto de la banalización de la política en nuestros días, informalidad con la que pudiera calificarse a las distintas formaciones que operan en el país, caracterizadas por su actuación improvisada, como improvisada es la promoción de los candidatos que auspician. En semejante falta de tradición y de mística partidista, el transfugio y el tráfico de prebendas no son nada raros. La desinstitucionalización del país tiene mucho que ver con las falencias de los partidos políticos, al extremo de estar siendo sustituidos por los “movimientos sociales”.