Clepsidra
Como un paliativo, aunque este solo fuera simbólico, el célebre químico sueco Alfred Nobel instituyó el premio que lleva su nombre, dedicado expresamente a relievar la Paz en el mundo, aterrado por el espantoso poder destructivo de su invento, la dinamita, que habiendo sido creada con fines estrictamente pacíficos como: la minería, la industria, la construcción de carreteras, la excavación de montañas etc., pronto subyugó a la industria militar, para la fabricación de letales ingenios bélicos.
Nuestro querido país, eminentemente minero, no pudo estar exento de su uso y fue así que durante muchos años este explosivo se constituyó en la herramienta que acompaña al minero en su quehacer cotidiano, hasta que la política, otra de las tareas que se ha pegado parasitariamente a la primera, echó mano a su uso dándole el ostentoso título de “baluarte cultural de la fuerza de los movimientos sociales”, generando a su paso disposiciones legales contradictorias, unas veces legalizando y otras prohibiendo el uso de este explosivo.
Es así que en medio de alambicados sofismas y eufemismos siempre presentes en la consideración de este tema, nace esa maldita triada consistente en dinamita, coca y alcohol que fácilmente deriva en la verdadera “explotación del hombre por el hombre”, como gustan sostener algunos afiebrados marxistas.
En la marcha del 18 de septiembre de 2012, cuando el minero Héctor Choque falleció a causa de la explosión de un cachorro de dinamita, lanzado por los cooperativistas mineros contra la sede de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), con muy buen razonamiento el gobierno dispuso la inmediata aprobación del decreto 1.359, que prohibía terminantemente el uso de este material explosivo.
Paradójicamente, sin embargo, olvidando ese luctuoso acontecimiento y con la espectacularidad que este gobierno gusta conferir a la fiesta del 1° de Mayo, a falta de empresas a nacionalizar, el mismo gobierno dictó un decreto dejando sin efecto el anterior y permitiendo la tenencia y uso de dinamita en las manifestaciones sociales, dizque: “con el fin de garantizar los derechos a la asociación y libertad de expresión mediante manifestaciones públicas, así como ejercer el derecho a organizarse en sindicatos de las y los trabajadores”.
Premonitoriamente, el malogrado viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, declaró en dicha oportunidad que, a partir de ese instante, se debía tener cuidado en el uso de la dinamita para no causar daños a la integridad física de las personas, o a su propiedad o bienes, recordando que el Código Penal dispone en su artículo 211, una sanción privativa de libertad de uno a cuatro años para el que fabrique, comercie o tenga en su poder sustancias explosivas asfixiantes.
Tras los hechos acontecidos en el trágico escenario de Mantecani y Panduro, el pasado 31 de agosto, el gobierno volvió a aprobar un DS prohibiendo el uso de materiales explosivos en protestas sociales, con el añadido que: “Para quien contravenga esta medida se hará pasible a la responsabilidad civil consiguiente”.
Para quien no entienda este galimatías, solo se trata de un elogio a la dinamita.
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