Cámara de Diputados
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, informó que en los próximos días, en el Pleno de la Cámara de Diputados, se tratará la elevación a rango de ley del Decreto Supremo (DS) 2891, que dispone la reversión de las concesiones mineras de las cooperativas que hayan firmado contratos de asociación con empresas privadas.
Por su parte, los parlamentarios opositores afirmaron que elevar a rango de ley dicho Decreto puede perjudicar el diálogo con los cooperativistas, quienes formaron una Comisión de Paz, para buscar acercamiento con el Gobierno.
TRATAMIENTO
Según Borda, la ley de reversión de las concesiones mineras regulará el procedimiento de contratación de dichas concesiones entre el Estado, cooperativas y empresas privadas bolivianas, además de las transnacionales.
“El proyecto de ley de las concesiones mineras se encuentra en el Senado, por lo cual, en el curso de las siguientes horas, se enviará a la Cámara de Diputados, para ser revisada y aprobada”, mencionó Borda.
DECRETO
El 1 de septiembre de 2016, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 2891, que instruye la reversión al Estado de las áreas sobre las que se suscribieron contratos de riesgo compartido de arrendamiento o subarrendamiento entre cooperativas y empresas privadas.
Según el artículo único de la norma, se revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubieren suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o sub arrendamiento entre cooperativas mineras con empresas nacionales y extranjeras.
CASO CERRO RICO
Recordó Borda que se suscribió un contrato de desmonte del “Cerro Rico” de Potosí, entre la empresa “Comco”, la cual es subsidiaria de Sinchi Wayra, y el sistema cooperativista minero, donde 96 por ciento de la ganancia tenía que ser para la empresa privada, 2,5 por ciento a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y 1,5 por ciento a las cooperativas.
“Este contrato del Cerro Rico de Potosí se revertirá, porque se necesita de una nueva reconducción de porcentajes que beneficie al Estado con la explotación de minerales, respetando la Constitución Política del Estado (CPE)”, apuntó Borda.
OPOSICIÓN
Para el diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos, el Gobierno usa la reversión de las concesiones mineras como un “revanchismo”, por los hechos violentos que derivaron en el fallecimiento del viceministro Rodolfo Illanes y cinco cooperativistas.
“Como hay una especie de revancha de parte del Gobierno con los cooperativistas, las autoridades no se dieron cuenta que elevar a rango de Ley las concesiones mineras puede influir en el diálogo con el sector, que conformó una comisión de paz”, aseguró Barrientos.
El Legislador explicó que la reversión de las concesiones mineras es un tema que pudo haberse tratado cuando el MAS asumió el mandato del país, aspecto que no se realizó por la falta de políticas mineras.
Para la diputada de UD Lourdes Millares, el Gobierno también debería analizar la situación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que a su criterio está en crisis y desde hace más de 10 años tiene presidentes interinos.
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