Extrañamente, gobernaciones y alcaldías del país reclaman sobre lo que debe ser el pacto fiscal; piden presupuestos para atender las múltiples obligaciones que tienen para la construcción de infraestructura y, sobre todo, para atender aspectos importantes de la educación y salud, dos rubros bastante descuidados en el país. El hecho es que no han presentado propuestas sobre lo que debería ser el Pacto Fiscal, sobre sus reales necesidades y sobre lo que quieren que el gobierno haga.
La gobernación de Santa Cruz es la excepción porque hace muchos meses ha presentado sus propuestas explicando las diversas aristas que tienen sus necesidades y haciendo sugerencias que bien podrían coincidir en muchos aspectos con lo que estudien, analicen y presenten las demás gobernaciones y alcaldías.
Lo concreto y práctico sería que gobernaciones y alcaldías de cada capital de departamento unan sus inquietudes, estudios y criterios para elaborar, en nombre de cada Departamento, su respectiva propuesta; pero todo hace ver que diferencias habidas en relación con lo mucho que se precisa o caprichos para hacer una u otra cosa que satisfaga a las partes, ha hecho que se descuide tal estudio y trabajo que debió haber sido presentado hace mucho tiempo.
¿Qué esperan en concreto las gobernaciones y alcaldías? ¿Es que ninguna de estas entidades tiene idea de lo que hay que hacer? De los estudios que debieron realizarse hace tiempo y poder amalgamarlos con los que realicen otras entidades similares. Es, pues, extraña la conducta de los responsables de entidades que deberían marchar al unísono de sus propias inquietudes y necesidades.
Es importante, por otra parte, que cada gobernación y alcaldía diga claramente cuánto de su presupuesto ha sido concretado o llevado a cabo siquiera hasta el 30 de junio; qué saldos tienen; cuáles son sus necesidades y para cubrir qué obligaciones. Hasta ahora, que se sepa, se tiene conocimiento de lo mucho que precisarían tanto gobernaciones como alcaldías para cubrir las urgencias y necesidades de su departamento.
Si no hay propuestas concretas, estudios bien realizados por cada una de las gobernaciones y alcaldías, cabría preguntar: ¿Cuáles serán las bases para el diálogo que tengan con el gobierno? ¿En qué basarán sus reclamos y exigencias? Para empezar, cabe señalar que la propuesta de Santa Cruz se basa en la redistribución de la coparticipación fiscal: “50% para el gobierno y el 50% restante ser redistribuido en los municipios con el 26%, las gobernaciones 20%, las universidades el 6% y los pueblos indígenas el 1%”.
Todas las entidades, conjuntamente el gobierno, deben buscar que la distribución del presupuesto fiscal tenga las condiciones de equidad, ecuanimidad y justicia y, sobre todo, que haya el compromiso, firme, consciente, honesto y responsable, de que todo será manejado transparentemente y que la corrupción estará alejada de la ejecución de cada presupuesto.
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